El alcalde de Barreiros denuncia en Punto Radio intereses políticos detrás de la suspensión de las normas urbanísticas

El alcalde de Barreiros, José Alfonso Fuente Parga, ve intereses políticos detrás de la suspensión de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de su concello. No entiende que su municipio tuviese tan ?mala suerte? como para que de 305 concellos que no han adaptado su planeamiento a la Lei de Solo le haya tocado a Barreiros pagar. Fuente Parga desmintió en Radio Líder a la conselleira de Política Territorial. Niega que su concello no haya dado pasos para normalizar sus normas urbanísticas, como le acusó Caride. Recuerda el alcalde que en septiembre de 2005 ya habían solicitado una entrevista con el director xeral de Urbanismo, que les fue concedida en abril de 2006. En esa reunión el regidor asegura que dejó clara la intención del municipio de elaborar su plan general y la propia Consellería le informó de futuras ayudas a los concellos para afrontar estos trámites. Un año después, sin recibir información sobre esta posible subvención, el concello aprobó solicitar a Política Territorial la firma de un convenio para sacar adelante el Plan. Desde entonces y hasta la comunicación oficial de la suspensión de las normas urbanísticas no tuvo respuesta de la Consellería. Para Fuente Parga está claro que la intención de la Xunta ha sido trasladar el problema a los concellos para ocultar el retraso existente en los expedientes de los planes urbanísticos y en la orden de ayudas para redactar planes generales. Admite el alcalde de Barreiros que la restricción para construir a menos de 500 metros del mar ya figuraba en un proyecto del anterior gobierno y él ya había sido informado por el propio director xeral de Urbanismo. Para su concello el problema ya no está en esta franja del litoral, ya que están suspendidas todas las licencias, pero se queja de que municipios con el mismo volumen de construcción que el suyo puedan permitir ahora obras a menos de 500 metros mientras no entra en vigor esa restricción. Fuente Parga no entiende la suspensión de las normas subsidiarias porque su propio gobierno se había reunido con los promotores para que garantizaran la prestación de servicios, bajo amenaza de no conceder más licencias. Advierte además de que con esta medida se perderán unos 200 puestos de trabajo y aumentará el precio de la segunda vivienda.