Venezuela garantiza a España que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si los terroristas tienen causas pendientes para su extradición
El Gobierno de Venezuela garantizó al embajador de España en Caracas que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras residentes en el país y que no indemnizará a otros dos miembros de la banda terrorista expulsados en 2002, según informaron fuentes diplomáticas. Unportavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que el embajador, Raúl Morodo, se entrevistó con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le aseguró que las autoridades de su país "desautorizan" el contenido de los acuerdos de los que se habían hecho eco informaciones periodísticas. Según esas informaciones, ratificadas por el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, el Gobierno venezolano se habría comprometido con los etarras Lorenzo Aiestarán, Angel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a facilitar los trámites para la obtención de la nacionalidad, lo que les permitiría evitar su extradición a España. Además, otros dos etarras, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, serían indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la justicia española en 2002. El portavoz de Exteriores subrayó que el ministro venezolano transmitió al embajador español, "con total seguridad", que no habrá ni concesiones de nacionalidad ni indemnizaciones. Según la misma fuente, el Gobierno venezolano tiene previsto realizar un pronunciamiento oficial en las próximas horas. Revisión de expedientes La Fiscalía de la Audiencia Nacional está estudiando si los cuatro etarras residentes en Venezuela tienen causas pendientes con la Justicia española. En el caso de existir procedimientos abiertos contra ellos, y siempre que éstos no hayan prescrito, el Ministerio Público instará a los jueces correspondientes para que inicien los trámites de extradición de éstos presuntos terroristas España, informaron fuentes fiscales. En el mismo caso se encuentra el presunto ex miembro del "comando Oker" Arturo Cubillas Fontán, quien ostenta un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura venezolano. El pasado 24 de noviembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a los fiscales correspondientes que instarán la reapertura de tres procedimientos judiciales que Cubillas tiene pendientes la Audiencia Nacional para estudiar si ha transcurrido el plazo máximo de prescripción de los delitos que en ellos se le imputan. Delitos En una nota de servicio remitida a todos los fiscales de la Audiencia Nacional, Zaragoza se refería en concreto al procesamiento de Cubillas acordado en diciembre de 1985 por el Juzgado Central de Instrucción número 2, referido al asesinato de Joseph Couchot y a un delito de robo cometidos el 16 de noviembre de 1984. En el momento de este procesamiento, Cubillas se encontraba en paradero desconocido, por lo que la Fiscalía cree que pudiera haber transcurrido el plazo máximo de prescripción de estos hechos delictivos. En el mismo caso se encuentra el sumario tramitado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 contra Cubillas y el resto de miembros del "comando Oker" (José Ángel Aguirre, Ramón Zapirain e Idoia López Riaño) por el asesinato de Ángel Facal Soto, cometido en febrero de 1985. Cuando el terrorista residente en Venezuela fue procesado por este hecho tampoco se conocía su paradero, por lo que también podría haberse extinguido su responsabilidad penal en este asunto. Fuentes de la Fiscalía señalaron que el sumario en el que podría ser menos probable la extinción de la responsabilidad de Cubillas es una que tramita el Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es Fernando Andreu, por varios delitos cometidos en 1986. Respecto de esta última causa, la Fiscalía emitió un informe el 20 de enero de 1992, siendo fiscal jefe Eduardo Fungairiño, en el que se solicitaba que se dejaran sin efecto las órdenes de detención contra Cubillas al no concurrir elementos incriminatorios suficientes p ara pedir su extradición. En este caso, el Ministerio Público volverá a estudiar los indicios con el fin de intentar reactivar de nuevo el caso, según las mismas fuentes. Si de la investigación de todas estas causas se deduce que alguna de ellas sigue "viva", es decir, que no ha prescrito, se solicitará del órgano judicial competente que se remita a Fiscalía el procedimiento concreto, "con el fin de constatar la suficiencia o insuficiencia de los indicios existentes" contra el presunto terrorista y actuar, según el resultado obtenido, para conseguir su entrega a España.