Los promotores gallegos consideran descabellada la iniciativa catalana de expropiar viviendas desocupadas

Los consumidores defienden en Radio Líder la medida en el caso de propietarios que descuidan los pisos para especular con el suelo

La iniciativa catalana del Gobierno catalán de promover las expropiaciones temporales de pisos desocupados para obligar a sus propietarios a ponerlos en alquiler genera discrepancias en Galicia. En Radio Líder los promotores calificaron la medida de ?descabellada?, mientras que los consumidores la aceptan para casos en los que el propietario busque el abandono de la vivienda para especular con el suelo. Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin) no creen que la medida propuesta por la Generalitat sea la más adecuada para solucionar el problema de la vivienda. Su gerente, Miguel Font, cree que es el Gobierno quien tiene la sartén por el mango, ya que podría elaborar una ley que regule las plusvalías generadas por el crecimiento urbanístico. Asegura que ese sobreprecio debería revertir en la sociedad, y no ir llenando los bolsillos de todos los eslabones de la cadena urbanística. Font cree que hay muchos intereses creados, por lo que no se hace nada para solucionarlo. En el saco incluye a la Administración, a la que, dice, le interesa recaudar más. Además, recuerda que medidas como la catalana ya se han intentado en otras ocasiones, pero resalta que no siempre es fácil demostrar que una vivienda no está siendo usada. También cuestiona que se le diga al propietario de un piso qué tiene que hacer con él. La visión de los consumidores Una visión muy diferente tienen en la Unión de Consumidores de Galicia. Su secretario, Miguel López, no considera la iniciativa descabellada, sobre todo en los casos en los que se especula con la vivienda durante años. Insiste en que no es bueno generalizar porque no se va a poner en el mercado cualquier piso que esté desocupado. Explica que, muchas veces, los propietarios tienen pisos alquilados con rentas antiguas. Cuando las casas se quedan vacías, no vuelven a alquilarlas ni llevan a cabo arreglos. Su única intención, asegura López, es que el edificio se declare en ruinas y puede venderse para construir nuevas viviendas, mucho más caras. Desde la Unión de Consumidores reclaman que las administraciones apuesten por una política de vivienda pública de calidad. Que se promueva el alquiler social, y se dedique un mayor porcentaje de vivienda protegida en el mercado, sobre todo para los jóvenes, que lo tienen cada vez mas difícil para acceder a una vivienda.