España confirma a la Comisión Europea que co-financiará la depuradora de Vigo
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó al comisario del ramo, Stravos Dimas, que el Gobierno central se ha comprometido a co-financiar la construcción de la nueva depuradora de Vigo. Narbona todavía no ha recibido la carta de emplazamiento enviada desde Bruselas el pasado martes, aunque afirmó que "sabemos cuál es su contenido". En este sentido, dijo que la Comisión Europea reclamaba garantías de co-financiación, porque "no tenía suficientemente claro si había un compromiso presupuestario" por parte del Gobierno central. En la carta de emplazamiento enviada por el Ejecutivo comunitario, se reclamaba el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2005, correspondiente a la contaminación de las aguas de la ría de Vigo dedicadas a la cría de moluscos. Cristina Narbona recordó, en conferencia de prensa, que ante este problema de contaminación, y "aunque no es competencia del Gobierno de la nación" el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido co-financiar la planta para resolver la cuestión. "Hemos dado nuestro apoyo a la Xunta de Galicia para hacer frente a la situación que se ha creado", declaró. Para la ministra, la garantía de co-financiación es, posiblemente "el argumento de mayor envergadura" con el que España puede contar para detener el procedimiento de infracción, pero además, destacó que la Xunta ya ha empezado a invertir dinero de su propio presupuesto para mejorar la situación de la ría de Vigo. "Creo que esa es una muestra de voluntad política que la Comisión podrá tener en cuenta en los próximos meses", dijo, para recordar que si los argumentos que España y la Xunta "están poniendo sobre la mesa" no consiguen parar el procedimiento y éste llega hasta el final, podría conllevar "una multa muy cuantiosa". Procedimiento El pasado martes, la Comisión Europea reabrió el expediente de la contaminación en la ría de Vigo, al enviar una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, lo que constituye el primer paso de un nuevo procedimiento de infracción. El objetivo de esta carta es garantizar que España respete y haga cumplir la sentencia del Tribunal Europeo de diciembre de 2005, relativo a la calidad del agua donde se crían moluscos. Las autoridades competentes disponen de dos meses para contestar a la misiva. Si el Ejecutivo comunitario considera que la respuesta no es adecuada enviará a las autoridades españolas un informe motivado y le dará otros dos meses para responder. Si la Comisión tampoco queda satisfecha, probablemente llevaría el caso nuevamente al Tribunal de Justicia de la UE, que podría imponer multas millonarias.