La CIG asegura que un jefe de seguridad de Fraga dirigió desde Galicia la banda terrorista Triple A
El sindicato denuncia que la derecha española "protegió" al presunto genocida argentino
El secretario xeral de la Federación de Sociedades Galegas da Argentina, Luis Fernández Ajeitos, afirmó este miércoles en Vigo que "no es casualidad" que el presunto genocida argentino y fundador de la Triple A fuera el jefe de custodia de Fraga. Esta federación, junto a la CIG, realizó una investigación sobre la figura de Rodolfo Almirón, su actividad en la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) dentro del país y desde España, donde, según los autores del estudio, la derecha "protegió" al presunto genocida cuyo caso instruye la Justicia de ese país. En una rueda de prensa, el coordinador del estudio, Lois Pérez Leira, opinó que la actividad de Almirón supuso una fase "previa" a la represión derivada de la dictadura militar del general argentino Jorge Videla. Por ello, consideran probada la "vinculación" entre los dos hechos, en los que el Gobierno de España ha contabilizado más de 900 españoles desaparecidos, de los que el 80% podrían ser gallegos. Actualmente, se logró identificar a 20 represaliados procedentes de Galicia durante la dictadura, pero, a medida que se investiga, "aumentan los casos", afirmaron. Así, pide que se juzgue al argentino por los delitos de genocidio y terrorismo de Estado, al considerar que actuó en la organización paramilitar Triple A amparado por la presidenta Isabel Perón. La Justicia argentina abrió ya una causa en este sentido y pidió una orden de extradición para el fundador de la Triple A, que fue detenido en España el pasado mes de diciembre. En este sentido, la CIG y la Federación de Sociedades Galegas na Arxentina solicitaron al juez Garzón que "colabore" con el proceso abierto y llame a declarar, en calidad de testigos, a personas que "tuvieron algo que ver" con Almirón como el ex presidente Manuel Fraga, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y la ex presidenta argentina Isabel Perón. La CIG informó de que Almirón fue jefe de la custodia de Manuel Fraga en tiempos de Alianza Popular (AP) y una vez relegado de su puesto "seguíu cobrando salario", afirmó Pérez Leira. Gallardón fue abogado del argentino, mientras que, en el caso de Perón, los investigadores afirman que la ex presidenta, que vive actualmente en España, fue la "protectora" de la "etapa de prexenocidio" antes del periodo de represión de la dictadura militar argentina. Según añadieron, este régimen se cobró la vida de más de 1.500 personas. De ahí que también demanden que se solicite una "orde de captura" a todos los ex represores que actualmente residen en España, y que las organizaciones de derechos humanos cifran en más de 200. Según explicó Lois Pérez, esta investigación, que duró ocho años, fue entregada al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, hace dos. Como añadió, en ese momento el magistrado prefirió no hacerse cargo de estos hechos, por ser previos a la dictadura. Sin embargo, tras el comienzo del proceso judicial en Argentina, cree que queda demostrada la "vinculación" entre el genocidio previo y la posterior dictadura del general Videla, por lo que se mantiene esperanzado en que Garzón actúe esta vez, recordando que los delitos de genocidio y terrorismo de Estado "non prescriben".