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Conchi Basilio
Cartas al Director

La Diputación de Lugo aprueba un presupuesto de 139 millones con los votos en contra de PSOE y BNG

Cacharro anuncia que podría iniciar "una campaña" para explicar las inversiones realizadas en los ayuntamientos afectados por el canon

03-01-2007

La corporación provincial de Lugo se empeñó este miércoles en reproducir una copia casi exacta de la sesión de debate presupuestario del 2006. Pocos cambios y menos argumentos nuevos por parte de los grupos representados en la cámara. El ya famoso crédito de 50 millones para financiar un plan de mejora de la red viaria provincial, cuya solicitud fue aprobada el pasado año, la cantidad que gasta la Diputación de Lugo en subvenciones y el canon energético, en definitiva los viejos puntos de desencuentro entre la oposición y el equipo de Gobierno de Francisco Cacharro, volvieron a centrar la discusión del presupuesto de la institución provincial, que finalmente fue aprobado con los votos de los diputados populares. El presupuesto consolidado de la Diputación de Lugo para este año, que incluye el de la Sociedade Urbanística Provincial y del Inludes, asciende a 139.304.964 euros, casi 20 millones menos que en el pasado ejercicio, de los que 29.625.473 euros irán destinados a cubrir los gastos de personal y 63.490.874 euros a inversiones reales. La inversión real consolidada cae en el presente ejercicio en 23.444.696 euros, dado que en el presupuesto del 2006 ascendía a 86.935.570 euros. Sin embargo, el descenso es mayor en este capítulo si sólo se consideran los números de la Diputación Provincial, que el pasado año tenía una previsión de gasto de 85.378.120 euros, mientras que para el 2007 sólo consignará 41.969.019 euros. El presidente de la institución explicó que esa bajada se debe a que en el presupuesto de este año no se incluye el crédito de 50 millones, dado que fue previsto para financiar "un plan extraordinario" de mejora de la red viaria provincial, "que difícilmente podrá volver a repetirse". En ese sentido, Cacharro matizó que, aunque las obras se ejecuten en el 2007, esa cantidad ya está consolidada, por lo que no se computa en las inversiones del presente año. Los dos grupos de la oposición volvieron a criticar que la Diputación de Lugo, por segundo año consecutivo, no especifique en que obras concretas se va a gastar ese dinero. El portavoz del BNG, Antón Bao, lamentó que ese plan de mejora de la red viaria, objeto del crédito, "non tivese ningunha repercusión o pasado ano", mientras que el socialista Manuela Martínez puso en duda que la institución "poida gastar en cinco meses, antes das eleccións municipais, o que non foi capaz de executar en todo un ano". Por su parte, Cacharro respondió que se "ya se está trabajando en los proyectos", por lo que muy pronto comenzarán las contrataciones y se empezarán a ver obras en la provincia. Una vez más, la cantidad consignada para subvenciones volvió a encender los ánimos del pleno provincial. Las tres fuerzas representadas en la cámara ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo en la cifra que destinará la Diputación a este fin. Mientras que el BNG hablaba de unos 7 millones de euros y el PSOE de más de 10, el portavoz popular, Rodríguez Andina, aseguró que sólo equivale a un 3% del presupuesto. Canon energético La ausencia en el pleno del alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, fue interpretada por el portavoz socialista como una nueva señal del desacuerdo entre éste y el presidente de la Diputación, por no incluir éste último el pago del canon energético en los presupuestos. Martínez incluso se atrevió a aventurar que el regidor los volverá a impugnar, al igual que hizo con los del 2006. Francisco Cacharro reiteró que la Diputación está todavía a la espera de conocer la sentencia definitiva de este caso, después de las pruebas presentadas por su equipo jurídico, con las que la institución intenta demostrar que las inversiones que reclaman los ayuntamientos afectados, entre ellos el de Chantada, ya fueron ejecutadas. En ese sentido, el presidente de la Diputación amenazó con iniciar "una campaña" para explicar "una por una" las inversiones realizadas en cada uno de los municipios. Afirmó que, si no lo hizo hasta ahora, fue para evitar "presiones" a los jueces, sin embargo ahora estaría dispuesto a enumerarlas para "acabar con las mentiras".





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