El PP denuncia la "persecución" de la Fiscalía hacia cargos populares tras las detenciones de Gondomar
Los arrestados han sido puestos en libertad con cargos.
A Touriño no le sorprende la actuación en el concello del "todo vale" y el BNG exige una "limpieza" de las listas populares
Tormenta política de reacciones tras la detención de dos concejales del PP en Gondomar, la pareja de uno de ellos y un arquitecto. Los arrestados han pasado a disposición judicial y la operación contra el supuesto cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos sigue abierta. Los cuatro detenidos fueron puestos en libertad con cargos con la obligación de presentarse cada quince días ante el juzgado de instrucción número 6 de Vigo. A los ediles de Urbanismo y de Cultura del Ayuntamiento de Gondomar y al arquitecto se les imputa tres presuntos delitos de cohecho a cada uno. A la cuarta detenida, la novia de uno de los concejales, sólo se le imputa un presunto delito de cohecho. El seguimiento a los detenidos se inició hace días, aunque la operación se precipitó al presenciar una transacción económica entre los sospechosos. Fuentes próximas al caso no descartan que en los próximos días se efectúen nuevas detenciones tanto en el ámbito político como en el sector de la construcción. Enfrentamiento político Desde el PPdeG, partido al que pertenecen los ediles, se duda de la independencia del Ministerio Fiscal. Su presidente, Alberto Núñez Feijoo, reclamó a los fiscales que "non vean un agravante el pertenecer al PP" y les pidió la misma independencia que a los magistrados, aunque reciban orden de sus superiores. También desde el PP, su secretario xeral, Alfonso Rueda, denunció la supuesta "persecución" de determinados estamentos del Ministerio Fiscal hacia cargos públicos de su partido y advirtió a los socialistas que "non vale" utilizar "politicamente" temas urbanísticos "para gañar eleccións". El número dos de los populares gallegos reiteró el "máis absoluto respeto" del PPdeG por las actuaciones judiciales así como su "máxima confianza" en el Estado de Derecho. No obstante, afirmó que "outra cousa son as actuacións do Ministerio Fiscal". Para los populares "son demasiadas" las actuaciones de la Fiscalía dirigidas contra cargos públicos del PPdeG que, desde su punto de vista, provocan "case sempre" una "gran alarma social" y finalmente, "todo queda en nada". Rueda recordó lo sucedido en la denominada "Operación Muralla' -puesta en marcha para aclarar un posible fraude en expedientes de obras en la Diputación de Lugo en mayo del pasado año- donde, según explicó, "non hai imputados" y "todo o que é chamado a declarar é absolto". Además, añadió que "non pode ser unha casualidade" que el PSOE "tivera coñecemento" de lo que estaba sucediendo en Gondomar "antes que o propio alcalde que representa a todos os veciños" y "antes que os propios dirixentes 'populares' en la localidad pontevedresa. ?Paradigma del todo vale? El propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, no se mostró sorprendido por la actuación judicial en Gondomar, ya que el concello es "o paradigma do todo vale" a este nivel en Galicia. Añadió que "é difícil atopar un caso máis claro de insubordinación á norma e confrontación cos tribunais". En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Touriño informó de que la propia Consellería de Política Territorial envió al Ministerio Fiscal, el pasado 24 de abril de 2006, copia de la concesión de licencias en el muncipio, después de que el Tribunal de Xustiza de Galiza anulará el plan xeral de urbanismo en 2001. También explicó que esta primera anulación fue ratificada por el Tribunal Superior español en febrero de 2005, y mientras tanto el concello "segue concedendo licencias", por lo que Política Territorial le formula un requerimiento, en marzo de 2006, para que las anule. Sobre esta actuación judicial, Touriño prefiere guardar ?absoluta reserva sobre a información que poda dispoñer personalmente". A su juicio, lo importante es la "eficacia exemplarizante" que tiene a nivel político para mostrar que es necesario cumplir la ley. Además, puntualizó que "o problema non é o das sorpresas, é que neste país non pode valer todo, y en este ámbito destacó la importancia de la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral y que "nos poñamos man a obra entre todos para acatar a legalidade". Por eso, instó al PPdeG a "tomar nota" de esta "lección" y que pase a "sumarse" al pacto por el territorio y a los esfuerzos de la Xunta por proteger el litoral en vez de "xogar a descalificar" y estar "en loita contra as sentencias". Así, recomendó al partido de la oposición que "reflexione" porque la legalidad urbanística "nos debe obrigar a todos" y la Xunta se reafima en la necesidad de actuar en este sentido, para que la ordenación territorial esté al servicio de la ciudadanía "e non de catro". Recordó que los primeros requerimientos judiciales sobre el concello de Gondomar fueron con el anterior Gobierno del PPdeG, aunque reclamó que no hay que mirar para el pasado sino "para o presente e o futuro". Desde el BNG, el portavoz parlamentario, Carlos Aymerich, pidió a Feijoo que ?limpie? las listas electorales de cargos implicados en casos de corrupción urbanística y que aclare cuál es su alternativa, la de Nigrán, la de Gondomar o la de Barreiros. También desde las filas nacionalistas, el secretario de Política Municipal, Roberto Mera, recordó que su partido viene advirtiendo desde años de la situación de Val Miñor, donde se da una fuerte presión urbanística dotada, en algunos casos, de irregularidades, en las que se encuentran implicados algunos cargos populares. El nacionalista incide además en que surgieron también "accións violentas e intimidatorias dirixidas contra o BNG e os seus cargos municipais".