El alcalde avala la gestión de los dos ediles detenidos y achaca las imputaciones a "actuaciones personais"
La oposición considera que esta situación "se veía venir"
El alcalde de Gondomar, Carlos Silva, avaló la gestión de sus dos concelleiros detenidos y añadió que el supuesto delito de cohecho que se les imputa corresponde a "actuacións personais" de ambos. En una rueda de prensa celebrada en la localidad pontevedresa, Silva hizo una valoración de la situación del Concello tras la detención ayer del edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, y el de Cultura y portavoz municipal, José Luis Mosquera. Ambos fueron arrestados el miércoles por la Guardia Civil junto a la compañera de este último y de un arquitecto ajeno al Gobierno local, todos ellos como supuestos autores de un delito de cohecho. El regidor popular hizo un llamamiento a la "tranquilidad" y a la "prudencia" ante la situación y mostró como necesario el "tener la cabeza fría y poder sopesar bien las cosas". En cuanto a la posibilidad de que el presunto delito, relacionado con temas urbanísticos, puesto que ambos ediles habrían cobrado comisiones para la concesión de licencias, recordó la "presunción de inocencia" hasta que no exista una imputación judicial sobre los hechos. En este sentido destacó su ánimo municipal de "colaborar coa xustiza" para que esclarezca los hechos. Según los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, existen más de 300 licencias concedidas que se "ampararon nun plan anulado", en referencia al de 1997 que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró ilegal en 2001, mientras que el acalde defiende que se otorgaron "pensando que eran legales". Además, destacó que el polémico Plan Xeral de 2007, aprobado inicialmente hace unas semanas, afirmó que este documento "é legal" aunque todavía tiene que pasar "o filtro" de ser revisado por la Xunta, que devolvió el documento sin dar su visto bueno previo, según Silva, "porque estaban saturados". En cuanto a las detenciones, el regidor afirmó no querer hacer críticas sobre las formas, aunque denunció que la mujer de Gómez fue arrestado por la noche en su casa, "cuando estaba en pijama" y que, en la mañana de hoy, su mujer "todavía no sabe si permanece en Pontevedra o en Vigo". En cuanto a una posible recomposición del equipo de gobierno, formado en su totalidad por nueve concelleiros de los que dos son los detenidos, afirmó que "non creo adecuado" que hacer valoraciones por el momento, debido a la "sorpresa" que le provocó el incidente. Oposición Por su parte, los partidos de la oposición coincidieron en afirmar que esta situación "se veía venir" aunque también aludieron a la presunción de inocencia de los detenidos mientras que se mostraron a la espera de que se esclarezcan las imputaciones. Así, tanto socialistas como nacionalistas denunciaron irregularidades en al concesión de más de 300 licencias de urbanismo según el plan de 1997 cuando se trataba de un documento "ilegal", aunque también mostraron sus sospechas ante la posibilidad de que la denuncia que llevó a las detenciones de ayer tenga alguna relación con el expediente urbanístico aprobado inicialmente el pasado 26 de enero con los votos 'populares'. Así, el portavoz del grupo municipal del PSdeG, José Carlos Cabaleiro, pidió que el Gobierno paralice de forma "inmediata" este nuevo plan, que hoy empezaría su periodo de exposición pública. Según añadió, el bloqueo del documento tiene el objetivo de que, si las imputaciones de los detenidos están motivadas por el plan, este "non saia adiante mentres non estea limpo de sospeita". Sobre este documento denunciaron que contempla "grandes bolsas" para acometer un gran número de edificaciones en Gondomar, ocupando humedales y zonas protegidas que quedarían recalificadas como suelo urbanizable. En cuanto a la anterior denuncia sobre las licencias urbanísticas al respecto del anterior PXOM, afirmaron que estas se dieron "de maneira selectiva" y que para ello se acudió a técnicos externos al Concello puesto que "todos os técnicos municipais eran contrarios" e informaban de forma negativa los casos que se les adjudicaban. Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Antonio Araúxo, denunció el "modelo urbanístico que o PP quería para a zona" y destacó que "é evidente que algo pasa" con estos temas en el Val Miñor. A este respecto destacó incidentes sufridos por nacionalistas de la comarca como la quema del coche del responsable de la formación en Nigrán, David Giráldez, el pasado año, entre otros casos entre los que se encuentran agresiones a personas que denunciaron irregularidades urbanísticas en la zona. Para el BNG, existen "indicios" de que las detenciones pudieran haberse producido a raíz del planeamiento de 2007, puesto que en referencia a las licencias del anterior ya existe una investigación judicial abierta en la que el alcalde "é o principal imputado". En este sentido, también destacaron que de confirmarse sus sospechas "pediremos a anulación do plan " ya que estaría "máis que baixo sospeita". En cuanto a la posibilidad del cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos sobre los que se podría referir el delito, los nacionalistas prefirieron "non entrar na rumoroloxía" al asegurar su "total descoñecemento" de esta situación. Tanto socialistas como nacionalistas, abogaron por la justicia actúe libremente para esclarecer los hechos y que se pueda "recuperar a credibilidade" de la clase política y las instituciones.