España es un país soberano, una nación reconocida internacionalmente, con un gobierno central y una Constitución que establece su estructura territorial. Dentro de España, existen 17 comunidades autónomas, cada una con un grado significativo de autogobierno, pero todas bajo la unidad del Estado español. Entre ellas se encuentra Cataluña, una comunidad autónoma con su propia identidad cultural y lingüística, pero que no es un país independiente ni tiene reconocimiento como tal.  

A pesar de esta realidad legal e histórica, los sectores independentistas catalanes insisten en llamar a Cataluña un país, desafiando la legalidad vigente y promoviendo un discurso que choca con la Constitución española. Y lo más preocupante es que, en la actualidad, la política española parece estar marcada por las condiciones impuestas por Puigdemont, un prófugo de la justicia que ejerce una influencia desproporcionada sobre el Gobierno.  

España es un estado que se organiza políticamente con una Constitución aprobada en 1978, en la que se reconoce el derecho a la autonomía de sus regiones, pero también la indisoluble unidad de la nación española. Cataluña, con su cultura y lengua propias, es una comunidad autónoma dentro de España, con competencias en muchas áreas, pero sin la soberanía de un país independiente. 

El independentismo ha intentado imponer la idea de que Cataluña es un país, basándose en argumentos históricos y culturales, pero jurídicamente esto no tiene validez. Ningún organismo internacional reconoce a Cataluña como un estado, y cualquier intento de separación unilateral es ilegal según la Constitución.  

La situación política en España ha llegado a un punto preocupante. El Gobierno actual, en lugar de actuar con independencia y firmeza en la defensa de la unidad nacional, está condicionado por las exigencias de Puigdemont, quien desde fuera de España dicta las reglas del juego. Cada paso que da el Ejecutivo español, debe contar con el visto bueno del independentismo catalán, lo que genera una sensación de que Puigdemont tiene más poder de decisión, que el propio presidente del Gobierno. Esto supone un serio problema, ya que las decisiones nacionales no pueden estar subordinadas a las demandas de un líder, que huyo de España para evitar enfrentarse a la justicia. 

España debe recuperar su soberanía política, asegurando que las decisiones de Gobierno se tomen en base al interés general del país y no bajo un chantaje de un movimiento independentista, que solo busca la fragmentación de la nación. Esto es lo que genera mayor preocupación, la sensación de que el presidente del Gobierno está dispuesto a ceder ante cualquier exigencia de este señor con tal de mantenerse en el poder. Esta situación no solo debilita la autoridad del Estado, sino que también pone en peligro la estabilidad política y territorial de España. 

El problema radica en que, todas las concesiones parecen estar dirigidas a satisfacer las exigencias del independentismo catalán, mientras que los problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos españoles, siguen sin resolverse. 

España enfrenta desafíos urgentes, como, por ejemplo, el acceso a la vivienda, algo inviable para la mayoría de la población, debido al estancamiento de los sueldos y las pensiones, que no se actualizan al mismo ritmo que la inflación, perdiendo continuamente poder adquisitivo, el colapso de la sanidad, con falta de inversión, listas de espera interminables y una precarización de los profesionales. También la subida de precios en productos básicos, que hace que muchas familias tengan verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Pero esto no se resuelve, sin embargo, mientras estos problemas afectan a la mayoría de los ciudadanos, el foco del Gobierno parece estar únicamente, en cumplir las condiciones que impone el independentismo catalán, como si la estabilidad del país dependiera solo de ellos.  

No puedo dejar de mencionar que, una persona que actúa y demuestra lo que es el auténtico socialismo, es D. Emiliano García-Page, quien sigue ganando las elecciones en su comunidad, desde hace muchos años, con mayoría absoluta, un señor que, sabe gobernar para el pueblo y por el pueblo. Todo se demuestra con hechos, no con palabras vacías. España es una nación con unos 48 millones de ciudadanos, y no puede gobernarse únicamente en función de lo que dicte una minoría con intereses separatistas. Donde están las promesas que hace años se hicieron a todos los españoles, pasamos una pandemia, crisis por guerras cercanas, lo que encarece todo lo más necesario para vivir dignamente, pero no actualizan sueldos y pensiones al mismo ritmo de los precios, en cambio conceden todas las exigencias que hace Puigdemont desde fuera de España. Es fundamental que el Gobierno recupere el sentido de Estado, respete la Constitución española y trabaje en soluciones reales para mejorar la vida de todos los españoles, no solo de quienes imponen exigencias políticas para mantener el equilibrio parlamentario. Los Estados Unidos de España, no existen señores.

Conchi Basilio