El Supremo admite la querella de la Fiscalía contra Cacharro por supuesta malversación de fondos

El presidente de la Diputación acudirá a declarar de forma voluntaria

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el senador y presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, por malversación de caudales públicos y falsedad documental en relación con un presunto abono ilegal de dietas. En un auto notificado este viernes, la sala de lo penal del Supremo admite su competencia en esta causa. Cacharro Pardo compareció ante los medios de comunicación, con aparente buen humor, después de que el Supremo admitiese a trámite la querella. Aseguró que se encuentra "muy tranquilo con este tema" e incluso confía en que no llegue a pedirse el suplicatorio para retirarle la inmunidad parlamentaria que ostenta por su condición de aforado. El senador del Partido Popular confirmó que acudirá a declarar voluntariamente cuando sea requerido por el Tribunal Supremo, "para no perder mi tiempo y no hacérselo perder a la Sala", dijo. Está convencido de que no llegará a celebrarse ningún juicio contra él e incluso afirmó, irónicamente, que le agradecía al anterior fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, la oportunidad que le brindaba para ofrecer su versión de los hechos en el Tribunal Supremo, porque seguramente será "muy diferente a la que dio él en el Juzgado de Lugo", apostilló. Cacharro afirmó que Izaguirre decidió elevar la acusación contra él a la junta de fiscales del Tribunal Supremo para conocer su "punto de vista" en relación con el proceso abierto por el presunto cobro irregular de dietas por parte de los vicepresidentes de la institución provincial, porque en el Juzgado de Lugo "le estaba vedado". Se trata de "una fineza, que yo le agradezco como se merece", afirmó el presidente de la Diputación. Proceso contra los vicepresidentes Con respecto al proceso abierto contra los vicepresidentes, explicó que la acusación del fiscal se centra en las dietas percibidas "por asistencia a despacho", porque "según Izaguirre si no tenían dedicación exclusiva no las podían cobrar", aunque ya hay "jurisprudencia del Tribunal Supremo", aseguró Cacharro Pardo, que reconoce la posibilidad de efectuar estos cobros. El presidente de la Diputación explicó que estas dietas no eran un pago por estar en su despacho, sino una compensación por los gastos de desplazamiento desde sus lugares habituales de residencia. Dijo que en el caso de José Carlos Rodríguez Andina fueron "400.000 pesetas en cuatro años, entre el 99 y el 2003". Cacharro afirmó que esa fue "la gran malversación de fondos de la que hablaba el fiscal". En relación con las supuestas órdenes y las autorizaciones de los "pagos ilegales" que, según el escrito de acusación, realizó el senador Popular, Cacharro matizó que lo único que hizo fue instar a los vicepresidentes a que se pusiesen de acuerdo para que al menos uno de ellos estuviese en la Diputación todos los días, con la finalidad de despachar la importante carga de trabajo, fundamentalmente de "papeles pendientes de firmar", que hay a diario en la institución provincial. Fue esa forma de proceder, la que "maliciosamente" el fiscal consideró como una propuesta para que "se repartiesen una serie de días al mes, con la finalidad de cobrar una especie de sueldo fijo", aseguró. La autorización de los pagos, según Cacharro, es un "acto de mecánica administrativa", porque cada diputado tramita el cobro de las dietas y posteriormente "pasa todos los controles de fiscalización". La firma simplemente es un trámite, porque el proceso ha pasado antes por "todos los tamices".