El PPdeG atribuye el cierre de la vía del Salnés a un intento de dañar a su partido

Caride dice que la reparación costó tanto como lo que ahorró el anterior Gobierno por cambiar el proyecto inicial

Las reparaciones que se llevaron a cabo en la Vía do Salnés, que se reabrió al tráfico el pasado martes después de cuatro meses, costaron casi tanto como el ahorro que consiguió el anterior Gobierno al cambiar el proyecto inicial. Según manifestó la conselleira de Política Territorial, María José Caride, del coste total de esta vía, 5.100 millones de pesetas, el departamento que dirigía entonces Xosé Cuíña ahorró 760 millones, 4,5 millones de euros. Las obras para sustituir los tubos de acero galvanizado, que provocaron varios derrumbes en la calzada, por los nuevos de hormigón costaron 4,29 millones de euros, según la información facilitada por Política Territorial. Caride recordó que en la inauguración de la Vía do Salnés, el 24 de junio de 1993, cuatro meses antes de las elecciones autonómicas, "fíxose gala do cumprimento dos prazos e do aforro" de la citada obra. Por eso, dijo que "a única motivación" para cambiar los tubos de hormigón, inicialmente contemplados en el proyecto, por otros de menor de resistencia fue "axilizar as obras". En respuesta a una interpelación parlamentaria del PPdeG en el pleno, la conselleira se preguntó por qué el partido de la oposición "fai tanto ruído" sobre el cierre de la vía, y apuntó que "será para tapar as súas vergoñas". Considera que hay "extraños intereses" del grupo 'popular' para defender este tipo de actuación "inxustificable" y dijo que "todo responde a maniobras de distracción para eludir responsabilidades". Por el contrario, el diputado "popular" Alejandro Gómez considera que es el Gobierno el que no tiene justificación para el cierre de la Vía do Salnés y la atribuyó a "unha decisión política para dañar ao PP". Aseguró que "ninguén cre que pechou a vía por cuestións de seguridade", que fue la razón esgrimida en todo momento por Caride, y le advirtió de que "vai a pasar a historia como a conselleira que pecha as vías de comunicación", ya que también se acaba de anunciar el corte al tráfico de la Vía do Barbanza para su desdoblamiento. La titular de Política Territorial replicó que "o que non me gustaría e pasar á historia porque se me afunden as vías que eu fixen". Además, pidió explicaciones al PPdeG por el cambio de los tubos, ya que "non atopamos o proxecto hidráulico, nin ningún análise" que justifique el uso de los de acero galvanizado, que sólo se emplean "excepcionalmente" en las obras, en vez de los de hormigón. Para Gómez el cierre de la Vía do Salnés fue "a peor das solucións" y no estaba avalada por informes técnicos. Por eso, afirmó que el Gobierno bipartito cerró esta carretera "dun xeito irresponsable" y de manera "unilateral" provocando una "ameaza á actividade económica e a seguridade viaria", sin contemplar medidas económicas para compensar los perjuicios en la zona. A este debate parlamentario estuvo atento desde su escaño el ex conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuíña, quien tamborileaba con los dedos encima de la mesa. Aunque llegó cuando casi terminaba el primer turno de Caride, después no se perdió su siguiente intervención ni tampoco la de los representantes de los grupos parlamentarios, de los que recibió diversas críticas, sin perder la sonrisa en ningún momento. Autopistas Socialistas y nacionalistas rechazaron una iniciativa presentada por el grupo parlamentario 'popular' a favor de la transferencia a Galicia de la titularidad de las autopistas del Atlántico (AP-9) y Santiago-Ourense (AP-53) reiterando que ya existe el copromiso del actual Gobierno gallego de trabajar en este camino, como se recoge en el documento aprobado en la Comisión Mixta de Transferencias. Durante la exposición de motivos, el 'popular' Alejandro Gómez recordó que esta transferencia es "constitucional, estatutaria e razoable" y que permitiría incrementar el patrimonio público gallego "en máis de 3.000 millóns de euros" así como "negociar as peaxes directamente coa concesionaria" y "crear unha política de peaxes adaptada ás necesidades de Galicia". En este sentido, la nacionalista Carme da Silva afirmó que "o cinismo en política non é bo conselleiro" y precisó que el PP tiene "unha gran parte" de la responsabilidad en la situación actual de la AP-9 "tras prolongar a concesión da infraestructura ata o 2048 e privatizar Audasa". Asimismo, aseguró que la actual situación de la AP-53 es "esperpéntica" debido a la doble titularidad -estatal y autonómica- de los dos tramos de la vía Santiago-Alto de Santo Domingo y Alto de Santo Domingo-Ourense. También hizo referencia a los 60 millones aportados "a fondo perdido" frente a los 60 millones aportados a través de un crédito participativo por parte del Gobierno central para la construcción de la primera fase de la infraestructura cuya financiación completó la empresa concesionaria ACEGA. Además, la diputada recordó a los 'populares' que el momento de gestionar el traspaso de la titularidad de la autopista "tiña que ser xestionado por vostedes cando asumiron a construcción da segunda fase". Da Silva se preguntó si los 'populares' esperaban con su forma de actuar "que os galegos pagasen por terceira vez esta infraestructura coa transferencia" y precisó que "agora xa a pagamos dúas veces: primeiro a súa construcción e despois cunha das peaxes máis caras do Estado". El socialista Abel Losada coincidió con lo expuesto por Carme da Silva y añadió que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Vicepresidencia de la Xunta y a la Consellería de Política Territorial "foi a condición para que ninguén dixera nada do atraco a Galicia" que suponía la venta de Audasa. En el caso de la AP-53, subrayó que la situación era "igual de tortuosa por non dicir torturada" y recordó que el convenio a través del que la comunidad entregó 60 millones de euros para la construcción de la primera fase de la AP-53 "foi peculiar por non dicir un auténtico roubo". PSdeG y BNG solicitaron a los 'populares' la retirada de la iniciativa, a lo que no accedieron, y Carme da Silva reiteró que a través de la misma, el PPdeG "só pretende amosar o desacordo do Goberno galego neste tema, un desacordo que non existe".