Una sentencia judicial declara ilegal una parte del PXOM que afecta al barrio ourensano de A Ponte
El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense está en tela de juicio. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declara ilegal una parte del PXOM del barrio de A Ponte. La sentencia cuestiona ?dotaciones públicas fundamentales? como el vial que lleva hacia la futura estación del AVE, centenares de viviendas de nueva promoción entre las calles Basilio Álvarez, As Caldas y Xesús Pousa, o la nueva sede de la Policía Local, situada al lado del Puente del Milenio. El grupo municipal del BNG en el Concello de Ourense desveló esta mañana la sentencia en una rueda de prensa celebrada en la sede nacionalista. El candidato a la alcaldía, Alexandre Sánchez Vidal, explicó que fue dictada por el juez el pasado 5 de marzo después de que unos vecinos de A Ponte presentasen un recurso contra una reparcelación de la zona que la institución municipal ourensana concedió en 1.998 a un promotor de la construcción. Sánchez Vidal culpó, en primer lugar, al ex concejal de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, quien modificó puntualmente el PXOM para esa zona del barrio de A Ponte. Según explicó, el TSXG invalida ahora todas las actuaciones inmobiliarias realizadas, las dotaciones y espacios públicos, así como zonas verdes, que se encuentran en la actualidad en ?situación de ilegalidad?. Los nacionalistas mostraron su preocupación porque la sentencia afecta a ?dotaciones públicas fundamentales? como el edificio de la Policía Local o el vial que comunica con la estación de ferrocarril que en un futuro será la estación del AVE. En ese sentido, consideran que se trata de un problema de dimensiones ?enormes? y proponen que el gobierno municipal ?rehaga? el planeamiento urbanístico en la zona para lograr su aprobación, ya que calculan que el área podría alcanzar unos 100.000 metros cuadrados de extensión. La sentencia del alto tribunal gallego parte de un proceso de ?reparcelación? en 1998 cuando un promotor ?pide una modificación puntual? de un área de actuación conjunta que databa del planeamiento del año 1986. La petición fue concedida por el grupo de gobierno y, según los nacionalistas, era consciente la oposición municipal de que generaría problemas en un futuro porque significa ?trasladar? todos los ?beneficios urbanísticos? a ese promotor y las ?cargas urbanísticas de dotaciones públicas? a una serie de familias de A Ponte. Para Sánchez Vidal se trataba de un ?trato de favor? hacia el promotor inmobiliario en contra del ?interés colectivo?. Los nacionalistas consideran que el ex edil de Urbanismo no fue el único culpable sino también el actual alcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, por ?seguir gestionando? esa modificación en su etapa como concejal de Urbanismo hasta el pasado 2 de febrero que asumió la alcaldía de manos de Manuel Cabezas. Para el candidato del BNG, el regidor municipal ?gestionó? todo el proceso que después llevó a esta sentencia y, aunque ?tuvo oportunidad? de resolver esta situación ?no lo hizo?.