Los constructores advierten de una caída "dramática" en la venta de pisos en Foz y Barreiros tras la intervención de la Xunta

La situación de inseguridad jurídica ante la amenaza de suspensión de las licencias concedidas en los municipios lucenses de Foz y Barreiros "por un problema administrativo, y no por una ilegalidad" preocupa a los constructores, según explica el portavoz de la Asociación Provincial de Constructores (APEC) en A Mariña, Jesús Irigoyen, quien advirtió de la "dramática" caída de ventas de pisos en ambos municipios. Irigoyen señala que hay una la falta de capacidad de los políticos de sentarse a negociar y buscar una salida a unas licencias que se concedieron hace más de un año, con proyectos ajustados a las exigencias legales, "y que ahora no nos pueden quitar". Afirma además que los promotores se sienten las víctimas de la problemática urbanística surgida en Foz y Barreiros. En este sentido, explicó que los ayuntamientos son los que conceden las licencias y que si hubo algún error administrativo "lo lógico es que se resuelva por la vía del diálogo, y no creando una inseguridad que afecta al sector de la construcción y a la economía gallega en su conjunto". El portavoz de la Apec subraya que en el norte de Lugo no se produjo ningún problema de "marbellización, ni se dan casos de prevaricación, como pueden pretender algunos medios o algunos políticos". Añade que no se recalificó ninguna zona verde o dotacional, sino que se cometió un error administrativo que se debe resolver por la misma vía pero, en todo caso, "los fallos administrativos que puedan haber cometido los ayuntamientos, no pueden pagarlo los promotores". En opinión de Irigoyen, no puede darse un permiso de obra "que es legal y amenazar con retirarlo un año después". Asegura que tal forma de proceder es una circunstancia anómala que no se da en ningún país europeo. "Si las licencias deben pasar más controles, que se apliquen, pero llegar a estos extremos es inadmisible", prosigue. Irigoyen destaca que tanto el Ayuntamiento como la Xunta cuentan con asesores para resolver la situación sin llegar a un contencioso que puede tardar "cinco o seis años en resolverse". El problema tiene, además, una trascendencia social, ya que no sólo afecta a los propietarios del suelo y a los promotores, sino también en el mercado laboral. En este sentido, asegura que "las ventas están bajando hasta un nivel casi residual y si no se recuperan habrá menos empleo" y que "las consecuencias pueden ser incalculables sino se arreglan las cosas pronto".