Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez al poco de llegar al poder fue la decisión de no prolongar la concesión de las primeras autopistas de peaje en España, así como la eliminación de los peajes que hoy pagan los ciudadanos. De esta forma, las autopistas empezarán a revertir al Estado a partir de noviembre de este año. Esta 'nacionalización' supondrá que el Estado renuncie a 10.340 millones a largo plazo, según los cálculos realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
En concreto, suprimir los peajes que hoy pagan los ciudadanos por circular por esas carreteras de pago tendrá un impacto negativo en las arcas públicas de 437,5 millones euros al año, como ya dijo la patronal de constructoras y concesionarias Seopan. Según el IEE, la cifra se explica por los 84,8 millones de coste de explotación y mantenimiento, hasta ahora asumido por las concesionarias, y por los 352,7 millones que dejaría de recibir el Tesoro en concepto de retorno fiscal anual (IVA, Sociedades, IRPF, cargas sociales y otros tributos). Más información