La Lei de Protección do Litoral entrará en vigor en plena campaña tras ser aprobada con el voto en contra del PP
Alcaldes populares fueron expulsados del Pleno por aplaudir desde la tribuna
La Lei de Medidas Urxentes en materia de territorio e do litoral de Galicia, que suspende la construcción en los 500 metros de la costa durante un máximo de dos años, entrará en vigor en los próximos días, en plena campaña electoral para las municipales. Tras ser aprobada en el Parlamento, con el voto en contra del PPdeG, sólo queda su publicación en el Diario Oficial de Galicia, que se agilizará al máximo, para poder ser aplicada. Esta normativa nace con la polémica creada entre el Gobierno y la oposición, que asegura que supondrá la "paralización de Galicia dun xeito grave e por moito tempo". Sin embargo, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, aseguró que la nueva ley establece mecanismos "para frear o dano antes de que sexa irreversible", tras las "desfeita e o caos" de los 16 años del PP en la Xunta. Caride intervino en el pleno antes de la votación de esta ley para afirmar que con ella "non se pretende criminalizar aos concellos" y advirtió al PPdeG que "non se queden sós" contra esta legislación que "conta co respaldo da maioría dos cidadáns". Caride afirmó que "marcará un antes e un despois" para Galicia, porque busca un país "do que nos sintamos orgullosos, na que termos como feísmo ou marbellización non teñan sentido". La conselleira dijo que es el momento de "coller as rendas" del urbanismo en Galicia, después de la actitud mantenida por el PP del "todo vale" que apostó por el "deixar facer e poñerse a favor dos intereses crematísticos", en esta materia. Considera que la Lei de Medidas Urxentes sienta las bases para un acuerdo por el territorio como "un gran obxectivo de país". "Arma política" Pero el grupo de la oposición, no parece dispuesto a adherirse a ningún pacto de este tipo ya que considera que la futura ley tiene "unha clara intencionalidade electoral e política", según la diputada del PPdeG Pilar Rojo. Criticó que se trata de una regulación hecha "sen consenso", que supone "unha utilización do urbanismo como arma política contra os concellos do PP" y con la que se pretende "criminalizar" a los municipios. Rojo recordó que su partido presentó 41 enmiendas parciales a esta ley, además de una a la totalidad, y que sólo fueron aceptadas tres y dijo que tal y como está redactada "discriminará" a ciertos concellos, estableciendo diferencias entre "os do PSOE e do Bloque, e despois os outros". Así no escatimó adjetivos para una legislación que considera "incongruente, xeralista" y a la que calificó de "caixón desastre", además de augurar que provocará "numerosos conflictos" con su aplicación. Por eso, concluyó que "non é un instrumento axeitado" para la protección del litoral. La Lei de Medidas Urxentes establece la suspensión cautelar transitoria de todos las nuevas construcciones en la franja de los 500 metros del litoral, para determinados tipos de suelo que no sean urbano consolidado. Esta moratoria afecta a todos los concellos costeros que no tengan su planeamiento adaptado a la Lei do Solo de 2002, en total 86 municipios, y tendrá vigencia hasta la aprobación del Plan do Litoral previsto para finales de este ejercicio, o un máximo de dos años. "Intereses privados" Las críticas también llovieron por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, PSdeG y BNG, que coincidieron en acusar al PPdeG de "defender intereses privados por riba do interese público", beneficiando a los promotores. La diputada nacionalista Carme da Silva aseguró que el grupo de la oposición "minte" cuando afirma que se prohíbe la construcción en la costa, ya que sólo se establece una "suspensión de carácter transitorio" que afecta a aquellos lugares donde "xa non se pode construir" actualmente por no tener el planeamiento aprobado y adaptado a la normativa vigente. Por su parte, el diputado del PSdeG Abel Losada advirtió al PP que están "quedando vostedes sos cos promotores", al negarse a apoyar la ley "máis positiva para o territorio dos últimos 30 anos". Manifestó que se trata de una normativa "para todos os cidadáns" con la que se pretende acabar con la "especulación" y la "aberración urbanística" de los años del anterior Gobierno. Protesta de alcaldes A este debate final en pleno, acudieron diversos alcaldes y candidatos del PPdeG, unos cuarenta, para mostrar su rechazo a la normativa. Sus aplausos desde la tribuna de invitados durante la intervención de Rojo provocaron un pequeño incidente, ya que fueron advertidos por la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino, de que no pueden realizar ninguna expresión de este tipo. Tras repetir los aplausos fueron expulsados por la presidenta, lo que despertó el disgusto de los alcaldes. En declaraciones posteriores a los medios, el senador y regidor municipal de Cambados, José Manuel Cores Tourís, lamentó la actuación "partidista" de Villarino, y dijo que "hai que saber transixir" con el reglamento parlamentario cuando no se produce "nin jaleo nin follón". También aseguró que la ley es "unha machada" y coincidió con Rojo en que "paralizará" la comunidad. Fuera del edificio parlamentario, una veintena de representantes de los concellos 'populares' se concentraron con una pancarta en la que podía leerse "Lei dos 500 metros=Lei do embudo", con fotos del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño; el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y la conselleira de Pesca, Carmen Gallego; junto la afirmación "A costa quérenna para eles".