EFE | El
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple el próximo viernes dos
años en funciones a la espera de que el Gobierno cierre un acuerdo con
el PP sobre los nuevos vocales, unas negociaciones sobre las que ambas
partes guardan silencio tras los fracasos del pasado. Nunca se ha mantenido tanto tiempo la interinidad del órgano de gobierno
de los jueces, aunque también hubo un largo periodo en funciones entre
2006 y 2008 y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que
convivir durante casi dos años con un CGPJ de mayoría conservadora que
se pronunció en contra de algunos de sus proyectos bandera, como la ley
del matrimonio homosexual.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue vocal en aquel
Consejo, al igual que el actual responsable del área de Justicia del PP,
Enrique López.
Ambos son magistrados, admiten su buena relación desde hace años
y mantienen contactos discretos desde hace tiempo para renovar el CGPJ,
pero las tensiones entre La Moncloa y Génova no han permitido llegar a
un acuerdo. Campo, en público, se muestra optimista y ha expresado en varias
ocasiones su deseo de alcanzar un pacto para el Día de la Constitución,
para el que solo falta una semana.
El PP, por su parte, se limita a recordar sus condiciones: que
Podemos no participe en la negociación y que se despolitice el Consejo,
descartando candidatos con trayectoria en la política.
La elección de los nuevos vocales exige el respaldo de los tres
quintos del Parlamento, con lo que es necesario el acuerdo de populares y
socialistas.
Ante la imposibilidad del diálogo y para sortear esa mayoría
cualificada, el PSOE y Podemos registraron en el Congreso una
proposición de ley que plantea que la mayoría de los vocales (doce de
los veinte, los de extracción judicial) sean elegidos por mayoría
absoluta en una segunda votación, una iniciativa que levantó las
suspicacias del Consejo de Europa y de la Comisión Europea.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofreció poco después dejar
e suspenso la polémica propuesta para favorecer la negociación con el
PP, pero ahí sigue y el grupo socialista ha avanzado que la llevará a
debate el próximo 15 de diciembre si no hay acuerdo.
Su propuesta choca con las recomendaciones del Consejo de
Europa, que apuesta por que al menos la mitad de los miembros de los
consejos judiciales sean jueces elegidos por los propios jueces, y
también con las peticiones de las principales asociaciones profesionales
de la carrera en España.
Esta semana han acudido al Congreso con las 20.000 firmas que
avalan su Manifiesto ciudadanos por la independencia judicial, un
llamamiento a reducir la intervención de los partidos en la elección del
órgano de gobierno de los jueces.
Los actuales vocales, que cumplirán este 4 de diciembre siete
años en el cargo, desean que la renovación se produzca a la mayor
brevedad, según han apuntado a Efe fuentes al Consejo.
Hace dos años estaban convencidos de que su mandato concluía en
tiempo y forma. El PSOE y el PP habían cerrado un acuerdo para renovar a
los veinte vocales e incluso habían pactado quien sustituiría al Carlos
Lesmes en la presidencia: el magistrado del Supremo Manuel Marchena.
Pero el acuerdo saltó por los aires cuando Marchena renunció al
puesto tras filtrarse un wasap del entonces portavoz del PP en el
Senado, Ignacio Cosidó, defendido su elección porque, decía, se podría
controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal y estaban en
juego "centenares de nombramientos".
Las conversaciones se interrumpieron, pero este año Campo y
López las retomaron y en verano se comenzaba a vislumbrar las bases de
un nuevo acuerdo que volvió a romper el PP.
No se daban las circunstancias para pactar un nuevo CGPJ -ni
otras instituciones en funciones, como el Defensor del Pueblo o los
nombres de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional- mientras
Podemos siguiera en el Gobierno.