MADRID | El
Gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido hoy a
que en 2026 ningún menor de seis años tutelado por las Administraciones
viva en centros de acogida residencial y a que antes de 2031 tampoco lo
hagan los menores de diez años. Es una de las medidas recogidas en el Plan de Acción contra la
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de
protección a la infancia, al que ha dado luz verde, por unanimidad, la
Conferencia Extraordinaria conjunta de Igualdad, Infancia y
Adolescencia, celebrado de forma telemática y presidido por las
ministras del ramo, Ione Belarra e Irene Montero.
El objetivo del plan aprobado por Gobierno y autonomías es prevenir
la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o
acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas, y
reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que se
produzcan en un futuro. Los dos ministerios decidieron
reunir a los responsables autonómicos de políticas de igualdad y
protección a la infancia tras la sucesión de denuncias sobre abusos
sexuales a menores tuteladas en centros públicos, primero en Baleares y
la Comunidad Valenciana y después en la Comunidad de Madrid.
En declaraciones a los medios tras la reunión, los secretarios de Estado
de Igualdad y de Derechos Sociales, Ángela Rodríguez y Nacho Álvarez,
respectivamente, han calificado de "buenísima noticia" el haber llegado a
un acuerdo en esta materia tras meses de trabajo. Este plan de choque se basa en varios principios de intervención: el
enfoque de género, ya que en este tipo de violencia las menores son un
"blanco de preferencia para los abusadores, proxenetas o explotadores";
la coordinación institucional; la atención individualizada de carácter
terapéutico; y el acogimiento familiar como alternativa habitacional
frente al centro residencial.
Según los últimos datos
disponibles, en 2020, el número de menores cuya guarda o tutela estaba
en manos del sistema público de protección a la infancia era de 35.883:
18.892 (el 53 %) vivían en acogimiento familiar, y 16.991 (un 47%) se
encontraban en acogimiento residencial. Y del total de menores en
acogimiento residencial un tercio son niñas (5.666 niñas o chicas
adolescentes) y un 6% (1.030) tiene alguna discapacidad.
Las medidas del plan están dirigidas por un lado a reducir a corto
plazo la incidencia de la explotación sexual en los centros de acogida
pero también a llevar a cabo, a medio y largo plazo, "modificaciones
estructurales" del sistema de protección dirigidas para solventar las
debilidades del sistema que impiden prevenir este tipo de violencia. A
corto plazo, el Plan contempla la formación especializada a todos los
trabajadores de los alrededor de 1.300 centros que hay en las
comunidades.
Asimismo incluye algunas de las herramientas contempladas en la Ley
de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la
Violencia como la elaboración de un protocolo contra la explotación
sexual en los centros, y una guía que le acompañará de actuación,
detección, notificación y derivación de casos.
Esta guía
comprenderá, entre otros, un catálogo común de indicios e indicadores
para la detección de víctimas, pautas concretas sobre notificación y
derivación de casos y un procedimiento de intervención coordinada que
garantice la recuperación de las víctimas. Se crearán servicios
especializados de atención y recuperación de las víctimas, que se
pondrán en marcha en el primer semestre de este año, según el plan.
Gobierno y comunidades consideran que la mejor forma de proteger a
las niñas vulnerables de las redes de explotación es que crezcan en
familias o "en recursos pequeños, flexibles y que permiten un
seguimiento personalizado" y por ello propone que antes de 2026 las
instituciones se comprometan a que "ningún niño o niña menor de 6 años
en situación de guarda o tutela por las Entidades Públicas de Protección
a la Infancia viva en recurso residencial".
Y que "antes de
2031, ningún niño o niña menor de 10 años vivirá en un centro
residencial", para ello, el Ministerio de Derechos Sociales se
compromete a elaborar un estudio sobre "los cuellos de botella" que
están impidiendo "el despegue" del acogimiento familiar. En 2020,
el número de menores atendidos por el sistema público de protección a
la infancia era de 49.171 (50.272 el año anterior), según los últimos
datos del Ministerio que dirige Belarra.
Álvarez ha señalado que este compromiso de fortalecer las redes de
acogida familiar requiere de un impulso de financiación que emanará del
fondo europeo social plus relativo a la garantía infantil. Al
mismo tiempo, ha señalado Álvarez, su Ministerio ya tiene una línea de
financiación con las comunidades vinculada al uso de los fondos europeos
para impulsar las redes de acogimiento familiar que evite el paso de
los menores por los centros de acogida. De hecho, el Plan también prevé el desarrollo y despliegue del acogimiento familiar de "dedicación exclusiva".
Incluye un "sistema de monitoreo" de la calidad de la transición a la
vida adulta de los menores y el desarrollo de un protocolo de actuación
para todas las comunidades ante la desaparición y fuga, que articule el
sistema de protección, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y
Fiscalía; y que cuente con un formulario único de notificación de casos
de desaparición.
Asimismo, contempla la reducción antes de 2031
del número medio de plazas por centros hasta 15 en todo el territorio y
transformación progresiva de los centros de más de 30 plazas, "ya sea
cerrándose o convirtiéndolos en centros de protección con hogares
independientes". EFE