Táboas anuncia el endurecimiento de las sanciones para los que hagan un uso irregular de las viviendas protegidas

Las irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas es una de las cuestiones contra las que se pretende actuar con la futura Lei de Vivenda, ahora en proceso de redacción, según anunció en el Pleno del Parlamento la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, en respuesta a una pregunta planteada por la diputada nacionalista Carme da Silva. Táboas aseguró que una de las medidas que se tomarán con esta normativa es un endurecimiento de las sanciones existentes hasta el momento para castigar los posibles fraudes cometidos por promotores o adjudicatarios. La actual Lei de Vivenda de Galicia, aprobada en 2003, establece una sanción mínima de 3.000 euros para los infractores, una cantidad que se incrementará una vez esté en vigor la nueva ley autonómica. Luchar contra este tipo de irregularidades es, aseguró, una de las prioridades de su departamento, que aplicó, "por primeira vez en Galiza", una sanción a una promotora, debido a que había puesto un sobreprecio en la compraventa de Viviendas de Promoción Pública (VPP) en San Paio de Navia, en Vigo. La sanción impuesta fue de "3,6 millóns de euros e a inhabilitación para construír vivenda protexida durante seis anos". Nuevos expedientes La conselleira anunció estas medidas a causa de una pregunta referida, concretamente, a los expedientes abiertos en el concello ourensano de Pereiro de Aguiar, donde supuestamente existen adjudicatarios que no emplean la vivienda protegida como residencia habitual. Sobre este asunto, Táboas explicó que actualmente se han abierto cuatro nuevos expedientes sancionadores, son ya 47, por estos hechos detectados por el servicio de Inspección. En conjunto, la promoción construida en este municipio ourensano agrupa a 121 viviendas de promoción autonómica (VPA), puestas en marcha por el organismo provincial Xestur-Ourense. Algunos de los indicios que apuntaron los inspectores fueron, aseguró, la situación de "descoido xeral" que presentaban las viviendas en su exterior, así como los "consumos enerxéticos mínimos, cando non inexistentes", a pesar de que hace prácticamente un año que se había hecho efectiva la adjudicación. Estas circunstancias llevaron a la apertura de estos ya 47 expedientes, si bien Vivenda está "a expensas de recibir alegacións" por parte de los beneficiarios. No obstante, añadió, la multa inicial por estas irregularidades será "de 3.000 euros", tal y como se establece ahora la normativa, si bien existe la intención de elevar esta cifra con la nueva normativa para hechos similares. La apertura de estos expedientes sancionadores se hizo pública el pasado 18 de mayo. Los presuntos infractores adquirieron sus viviendas, de 90 metros cuadrados y que también incluían trastero, garaje y una parcela de jardín, por un precio de 75.000 euros. Registro único Táboas aludió, también, al Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida, ya en funcionamiento desde febrero, que definió como un mecanismo que pretende evitar el fraude, pues ahora es "a Consellería de vivenda a que adxudica" en lugar del promotor. Con este sistema se hizo ya un sorteo en Ourense, aseguró, y se harán otros "a próxima semana en Santiago e Narón". El registro, explicó, permite además disponer de datos estadísticos sobre la demanda de vivienda protegida, que permitirá "planificar o uso residencial do solo". Esto es, "onde é preciso incrementar a construcción de vivenda protexida".