MADRID | La parte socialista del Gobierno ha enfriado la reforma del delito de malversación ante el aviso que le han lanzado sus socios de coalición, Podemos, y las reticencias mostradas por sus aliados parlamentarios lo que podría retrasar el carácter urgente de reformar el delito de sedición, que pretenden que esté listo antes de final de año.
Y es que la petición del presidente del Govern, Pere Aragonés, al Ejecutivo de Pedro Sánchez para modificar el delito de malversación que implicaría a los independentistas condenados e indultados por sedición ha levantado ampollas en Unidas Podemos que ven que podría afectar a casos de corrupción en los que, aunque no ha habido enriquecimiento personal, se han utilizado fondos públicos.
Un argumento que también esgrimen algunos de los aliados parlamentarios que deben dar el visto bueno a la reforma de la nueva ley de sedición convertida ahora en «desórdenes públicos agravados», como son Más País, PDeCAt, Compromís o BNG. Votos, en muchos casos, necesarios para superar la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.
En las últimas horas el Gobierno ha pasado de afirmar que estudiará las enmiendas que se puedan registrar sobre la malversación a un discurso en el que insisten en que el compromiso ya «se ha cumplido», que es el de homologar la tipificación de la sedición y sus penas a la de los países del entorno. Leer más