El Comité Ciudadano de Ferrol denunciará a Fraga y Orza por ?pactar? con Tojeiro ubicar Reganosa en Mugardos

El Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría de Ferrol, constituido en contra de la planta de gas de Reganosa, pondrá en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la existencia de ?pactos? entre el ex presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga, su ex conselleiro de Economía, José Antonio Orza, y el empresario Roberto Tojeiro, que derivaron en la ubicación de la fábrica en Mugardos, en el interior de la ría. Así lo anunciaron los miembros del colectivo que estiman que en unos días presentarán el escrito que se centrará en la existencia de un ?pacto secreto? firmado por la Xunta de Galicia, con las empresas Grupo Tojeiro, Endesa, Unión Fenosa, Sonatrach y Caixa Galicia, para el desarrollo de la planta de regasificación de Galicia en Mugardos, en Punta Promontoiro. El acuerdo, datado el 20 de julio de 2000, recogía, de forma paralela, la constitución de una Asociación de Promotores, para la ubicación de Reganosa. En ese convenio ?confidencial? se plantea la necesidad de crear una planta de gas en Galicia, como punto de entrada al sistema gasista español, y se apunta hacia su posible ubicación en Mugardos, por exigir una menor inversión y contar con mayores garantías de operatividad que otros emplazamientos. Además, recoge que la Xunta ?estudiará con el máximo interés la concesión de las posibles ayudas y subvenciones en lo que a ella competa? con el fin de ?contribuir a la viabilidad económica del proyecto?. Las responsabilidades de la Xunta se concretan aún más en otro párrafo del acuerdo, que dice: ?si la evolución de la actividad de la empresa se viese afectada por circunstancias externas que redujesen sustancialmente la rentabilidad estándar del proyecto, por parte de la Xunta de Galicia se analizarán los mecanismos adecuados para mantener su viabilidad económica?. Los miembros del Comité denunciaron que, de forma paralela a la firma del acuerdo, se autorizó la ampliación de la concesión marítimo-terrestre en 120.000 metros cuadrados a Forestal del Atlántico, una empresa del Grupo Tojeiro ubicada también en Mugardos. Según denunció el colectivo, la ampliación, justificada entonces ante la necesidad de un mayor espacio para tráfico de graneles, fue sin embargo utilizada para la ubicación de Reganosa. A mayores, el Comité aseguró que el ex conselleiro de Economía José Antonio Orza era socio de empresas del Grupo Tojeiro, como Intasa, desde antes de acceder a la Xunta. Las firmas Intasa, Forestal del Atlántico y Unión de Empresas Madereras recibieron en 1996, según el Informe del Consello de Contas, préstamos del Gobierno gallego por casi 7,5 millones de euros. Humberto Fidalgo, portavoz del Comité y responsable de ADEGA, denunció que todas las ?irregularidades? que el colectivo detecta de forma diaria en Reganosa ?no obedecen más que a una decisión totalmente caciquil de poner una planta de gas en un sitio imposible? para una instalación de estas características. Plan de emergencia Los miembros del Comité de Emergencia también descalificaron el Plan de Emergencia Exterior de Reganosa, aprobado por Protección Civil de Galicia, ya que estiman que los 400 metros establecidos como perímetro de seguridad no responden a los 2.000 que se establecen en el Reglamento de Actividades Molestas y que el Plan precisa de que se apruebe de forma previa del Informe de Seguridad de Reganosa, dependiente de la Consellería de Industria. Un perímetro de seguridad de 400 metros en el que, en todo caso, también denunciaron que se sitúan más de 50 viviendas. Por todo ello, el Comité Ciudadano definió al Plan como ?un papel para una tapadera del riesgo de catástrofe, para la que no existen medios capaces de evitar los miles de víctimas que se pueden producir? y que responde, según aseguró Alexandre Carrodeguas como miembro del Comité, que se pasa ?de la estrategia del silencio a la estrategia de la mentira?. Para Carrodeguas, fueron ?una soberana mentira? las afirmaciones del conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, sobre una posible negociación con colectivos opositores a Reganosa, ya que ?no es de recibo? que se hable de buscar consenso sobre la entrada en funcionamiento de una planta de gas que considera ?imposible que cumpla con la legalidad vigente?, por su cercanía a la población y por las dificultades de los buques gaseros para abandonar la ría en caso de emergencia.