Méndez Romeu anuncia la elaboración de una nueva Lei de Función Pública, que entrará en el Parlamento en unos 15 meses
PSOE y BNG aprueban la modificación de la normativa vigente en la actualidad
El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, cerró este martes en la Cámara gallega el debate sobre el dictamen para la modificación de la Lei 4/1988 da Función Pública de Galicia con un anuncio inesperado: la futura elaboración de una nueva normativa "plenamente" adaptada al estatal Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se empezará a trabajar prácticamente de forma inmediata. La nueva Lei de Función Pública de Galicia será elaborada por una comisión de expertos "de recoñecido prestixio", según explicó el conselleiro y está previsto que entre en el Parlamento para su tramitación en un plazo aproximado de 15 meses tras la constitución de este organismo. Dicha constitución se hará efectiva a través de una orden que se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la semana próxima. En cuanto a la modificación de la normativa que se debatía en el seno de un pleno extraordinario en la Cámara gallega, Méndez Romeu defendió las bondades de una reforma impulsada por la Xunta y encaminada a responder a la "necesidade imperiosa" de "despolitizar" y "modernizar" la Función Pública en la comunidad. En oposición, el conselleiro recordó que el anterior ejecutivo popular dejó 1.134 puestos de libre designación en todas las categorías, lo que constituye aproximadamente el 5% de la totalidad del empleo público, excluidos docentes y sanitarios. "Queremos reducir iso", aseguró y afirmó que esto se conseguirá "brindándolle unha oportunidade" al futuro Ejecutivo autonomómico, ya que no se convocará el concurso para cubrir los puestos de jefatura de servicio hasta que "todos os funcionarios" estén "en condicións de concorrer", algo que "probablemente ocorrerá á altura do ano 2010". También indicó que paralelamente "haberá facilidades" para la promoción interna y para la funcionalización de los empleados laborales que, actualmente, ocupan puestos de funcionarios. Socialistas y nacionalistas coincidieron con el titular de Presidencia señalando la necesidad de la reforma de la Lei de Función Pública debatida esta mañana y explicaron que constituye un avance de cara a un "novo modelo de Administración Pública" frente a lo que la diputada del PSOE, Beatriz Sestayo, definió como un modelo "burocrático, lento e ata hostil". De este modo, indicaron que esta reforma favorece la transparencia y el cumplimiento del mandato constitucional asentado en los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público. Entre sus principales ventajas, socialistas y nacionalistas subrayaron que favorece la integración de los discapacitados en la Administración pública, que aboga por cumplir lo establecido en el Plan de Normalización Lingüística, en lo que respecta al uso del gallego en la Administración y reduce los puestos de libre designación, quedando reservados a cargos de carácter directivo (como secretarios y directores xerais) y de "especial responsabilidade". La socialista Beatriz Sestayo puntualizó además que esta modificación permite la adaptación de la normativa autonómica al marco legislativo en el que se desarrolla el Plan Concilia o el Estatuto del Empleado Público, señalando que incorpora algunas mejoras que "superan" los mandatos del Estatuto del Empleado Público a nivel estatal, como por ejemplo en lo que respecta al permiso de paternidad, de 29 días naturales o 35, en el caso de parto múltiple. "Galicia será unha comunidade pioneira neste senso", advirtió y añadió que "non pode existir boa Administración alí onde o emprego público é deficiente". Por su parte, el PPdeG mantuvo vivas hasta el debate de este martes un total de 29 enmiendas con las que, según el diputado popular Antonio Rodríguez Miranda, intentaron hasta el último momento "corrixir" las "eivas" del proyecto legislativo. Rodríguez Miranda fue muy crítico con el Ejecutivo gallego y los grupos políticos que lo apoyan asegurando que la "principal" razón de que hayan perseverado en sacar adelante esta reforma reside en el intento de "blindar" en sus puestos, en la segunda mitad de la legislatura, a todos los funcionarios nombrados "conforme a criterios políticos" en los dos años transcurridos desde las pasados comicios autonómicos. A su juicio, la actual redacción de la norma permite a los funcionarios que ocupen puestos de libre designación puedan permanecer en los mismos una vez destituidos hasta que los mismos sean ocupados mediante un concurso específico. La experiencia acumulada en los puestos de libre designación ofrecería así "vantaxes adicionais" a sus ocupantes actuales que podrían "blindar" su situación, "pechando a porta" al resto del personal funcionario. Los populares exigen que ningún puesto de libre designación pueda depender de un superior "que teña a condición de funcionario". "Trátase de limitar os postos de libre designación que está a efectuar o Goberno bipartito", indicó Rodríguez Miranda y recordó que en los últimos 2 años la Xunta ha convocado 860 plazas de este tipo. En definitiva, el PP indicó que está reforma es "pírrica" y abogó por elaborar una nueva Lei de Función Pública que responda "realmente" a las necesidades de la sociedad. Tras el anuncio realizado por el conselleiro, Rodríguez Miranda manifestó alegrarse porque finalmente se marcaran un plazo para redactar una nueva ley pero precisó que en esta reforma "seguimos tendo un mandato para aprobar un texto refundido". "Se non dan acabado cunha reforma como a que estamos (levoulles poñerse ao día 6 meses), xa nos explicarán como van facer nese tempo un texto refundido e ademais redactar unha nova lei". Finalmente socialistas y nacionalistas aprobaron la reforma mientras que los populares votaron en contra ya que sólo 1 de las 29 enmiendas que mantenían vivas fue transaccionada en la sesión plenaria de esta mañana. Para Méndez Romeu, el PPdeG ?non pode incorporarse á modernización de Función Pública porque é xusto o contrario do que estiveron a facer durante 16 anos?. Reducción de la temporalidad Durante su intervención, José Luis Méndez Romeu recordó que el objetivo del Gobierno y de las organizaciones sindicales es reducir la tasa de temporalidad "a menos do 8%" así como aprovechar la experiencia y la capacidad de "milleiros de empregados públicos" con "acreditada solvencia, cualificación e experiencia" en su puesto de trabajo. ?Velaí unha das razóns, non a única, que aconsellan a fórmula de concurso-oposición como acceso á Función Pública, procedemento habitual na Función Pública docente, sanitaria e en todo tipo de Comunidades Autónomas, dende o País Vasco ata Andalucía?, señaló Méndez Romeu. Según explicó Méndez Romeu, las organizaciones sindicales que operan en la Administración pública gallega firmaron con el Gobierno esta forma de concurso-oposición para el acceso a las categoríasonte as organizacións sindicais que operan na administración pública galega asinaron co Goberno esta forma de concurso oposición para o acceso ás categorías D e E. Los populares aseguraron que no cuestionan los procesos de consolidación extraordinarios que en este momento están en marcha pero sí reclama que "non limite" el número de puestos que se convoquen cada año en la oferta pública de empleo. Asimismo, propone que en la fase previa a la toma de posesión de los funcionarios que participan en el proceso de consolidación extraordinario se convoque un concurso de traslados para el personal que ya ocupa plaza fija, ya que, después, la movilidad "resultaralles moito máis difícil".