El PSdeG rechaza llevar el informe del Consello de Contas a la Fiscalía y pide explicaciones sobre el "despilfarro" del PP

Leiceaga dice que reclamarán la "restauración" de todos estos fondos

El PSdeG rechaza inicialmente llevar el informe del Consello de Contas, de fiscalización de la actuación de la Xunta durante el año 2004, a la Fiscalía y apuesta por agotar antes los recursos a nivel administrativo. Así, según manifestó el portavoz de Economía del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, su partido va a "instar á Xunta para que reclame a reposición a quenes se beneficiaron deses recursos" a través de la concesión de subvenciones y contratos irregulares que refleja el informe. Afirmó que "vamos a intentar que se restauren os quebrantos específicos á Facenda pública" puestos de manifiesto, y que sólo se plantearían recurrir a la justicia si "non son eficaces" las medidas administrativas. Frente a las posturas del propio vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y el coordinador provincial del PSdeG en Pontevedra, Modesto Pose, partidarios de que la justicia determine si alguna de las actuaciones desveladas por el Consello de Contas pueden ser constitutivas de delito, Leiceaga dice que "non queremos xudicializar a vida política". En todo caso, advirtió de que el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, "non pode fuxir de explicarnos se estaba ao tanto" de lo calificó como "uso discrecional, despilfarrador, e abusivo con finalidade partidista" de los fondos públicos que realizaba el PPdeG. A su juicio, el último informe del Consello de Contas confirma lo que era la "fórmula básica de xestión" de los 'populares' en la Xunta, basada en el "despilfarro de fondos públicos, o caos e o esquecemento das normas básicas en contratación". Lo que considera de "maior gravidade" es que "se utilizaba un sistema discrecional e caótico para beneficiar a empresas e amigos" del PP, que aparecen "con nomes e apelidos" en el documento. Aunque no pronunció nombres concretos, manifestó que "da a impresión de que algúns organismos foron creados para satisfacer as necesidades políticas dalgún membro do PP". De hecho, se refirió a la Fundación Deporte Galego, que beneficiaba "a persoas relevantes do seu organigrama", o del ente Portos de Galicia, porque "otorgaba os contratos a dedo" o establecía la "exención de taxas portuarias" sobre lo que instó a dar explicaciones, a Carlos Negreira, anterior dirigente de la Autoridad Portuaria coruñesa. Reducir organismos En la rueda de prensa ofrecida para valorar el informe del Consello de Contas, Leiceaga afirmó que de este documento se deriva que "a escasa utilidade que teñen algunhas fundacións ou organismos públicos" similares a las fundaciones sanitarias, que ya están siendo eliminadas por el nuevo Gobierno. Por eso, insistió en la necesidad de "dar pasos nesa dirección" para disolver otros órganos. Recordó que la Consellería de Economía está elaborando un informe a este respecto para "racionalizar" los entes de la denominada como Administración paralela. Durante su intervención, Leiceaga puso de manifiesto las irregularidades reflejadas por el Consello de Contas también en el Instituto Energético de Galicia, en la Sociedade de Xestión do Xacobeo 2004 o en la Cidade da Cultura. Sobre esta última obra dijo que el PPdeG alcanzó un nivel de "caos e despilfarro insuperable", siguiendo en su línea de gestión de intentar posteriormente "xustificar" estos gastos injustificables. Por eso, manifestó su extrañeza ante la actitud de anteriores responsables del Gobierno con el PPdeG que están "intentando botar balóns fóra", en lo que parecía una clara referencia al ex conselleiro de Economía, Xosé Antón Orza, aludiendo a quien "formaba parte do Patronato da Cidade da Cultura e ten que ter algunha responsabilidade". Añadió que desde el actual Gobierno gallego se está actuando "de maneira radical e decidida" para "poñer coto á opacidade e discrecionalidade" de la anterior gestión del PPdeG y destacó la importancia en este sentido de leyes como la de Transparencia y Subvenciones, o la que se aprobará próximamente para regular la publicidad institucional.