El Servizo Galego de Apoio á Mobilidade persoal comenzará a funcionar este mismo año mediante la puesta en funcionamiento de un total de 66 vehículos que darán cobertura a 15 áreas rurales (90 concellos rurales, a los que se suman 30 zonas de elevada dispersión), 4 áreas semiurbanas (19 municipios) y un área metropolitana (nueve concellos del entorno de Pontevedra). Se trata de la primera fase de puesta en marcha del 065-Social, que a modo experimental iniciará su actividad en lo que queda de año para luego iniciar la ampliación del servicio, que en 2009 aspira a dar cobertura a toda Galicia, mediante 281 vehículos. Lo anunció el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, quien aseguró que se trata de una iniciativa que aspira a colocar "a Galiza na primeira liña da innovación en materia de recursos para a dependencia". No en vano, señaló, se trata de un servicio "pioneiro en todo o Estado español", que responde al hecho de que en Galicia existen 35.000 núcleos de población y también a que la comunidad tiene, en Europa, una de las más importantes tasas de habitantes mayores. Es por ello, que el objetivo, a juicio de Quintana, es que Galicia se sitúe a la vanguardia en Europa en lo que a la atención a la dependencia se refiere. Dado que la implantación de este servicio se efectuará en tres fases, de los 61,4 millones que se invertirán en total hasta 2009 está previsto que 8,3 millones se destinen a la puesta en marcha de la primera fase, 19,3 a la segunda y 33,6 a la tercera. Además, el coste anual previsto del servicio cuando esté en pleno funcionamiento rondará los 33,6 millones de euros, lo que incluye los gastos de personal. Sobre este asunto, Quintana señaló que se prevé que para este servicio se creen hasta "1.000 postos de traballo", entre conductores, monitores acompañantes y los profesionales que estarán al frente de la central de atención de llamadas. Vicepresidencia calcula que la implantación total de este servicio supondrá en torno a ocho millones de desplazamientos anuales y prestará atención a unos 100.000 usuarios potenciales, una vez se cubra todo el territorio gallego. En esta línea, y porque el 065-Social atenderá a todos los municipios, Quintana destacó que esta es una iniciativa que promueve el reequilibrio territorial, dado que existe igualdad de oportunidades para los desplazamientos. La secretaria xeral de Benestar, María Xesús Lago, participó en San Caetano en la presentación de este servicio que, según su criterio, permite cubrir "unha lagoa importante", dado que permitirá "a todas as personas -que reúnan los requisitos- desenvolver actividades básicas e instrumentais" Transporte a demanda El 065-Social es un sistema de transporte adaptado y a demanda que pretende facilitar el desplazamiento a las personas dependientes o con discapacidad. Los usuarios podrán disponer de este tipo de vehículos para acudir a servicios sanitarios, siempre que este tipo de desplazamientos no competa al Servizo Galego de Saúde, aunque tiene más funciones. También podrá ser requerido para asistir a centros de día o residencias e incluso para realizar actividades cotidianas y para asistir a actos educativos o culturales, entre otros. Durante los traslados que se efectúen, los usuarios dispondrán de una persona acompañante que prestará el apoyo necesario. Asimismo, los vehículos tendrán una capacidad máxima de 12 plazas, cumplirán la normativa de accesibilidad y supresión de barreras y dispondrán de diferente tecnología (teléfono, sistema de control y localización GPS y de gestión logística). Para acceder a este servicio es necesario tener reconocido un grado de minusvalía superior al 65%, encontrarse en una situación de dependencia o tener reconocida la existencia de dificultades de movilidad que impidan el uso de transportes públicos. Asimismo, no se trata de un servicio totalmente gratuito. A excepción de aquellos cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 75% del Iprem, que estarán exentos de abonar ninguna cuantía; el resto de los usuarios abonarán una contraprestación económica por cada desplazamiento, que vendrá determinado por el número de kilómetros realizados. Esto es, habrá que pagar 1,40 euros por kilómetro, a lo que se resta el porcentaje de descuento establecido en función de la capacidad económica de los usuarios, que deben consultar con las delegaciones provinciales de Vicepresidencia cómo pueden ser usuarios de este servicio.