La CIG denuncia que la última reforma de la Lei da Función Pública es "discriminatoria"

Convoca una concentración en San Caetano para el próximo 26 de septiembre

La Confederación Intersindical Galega denunció en Santiago que la última reforma de la Lei de Función Pública, que entró en vigor este lunes, es "discriminatoria, inxusta e inxustificable" con relación al complemento de destino de 14.721 euros del que se beneficiarán "só os altos cargos da Xunta" y aquellos funcionarios que ocupen un puesto en la Administración, una vez que dejen sus funciones. El secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, explicó en las dependencias de la organización sindical que esta medida es "discriminatoria", ya que los cargos públicos que no poseen el carácter de funcionario no recibirán este complemento económico "unha vez que deixen a súa función", por lo que se trata de una iniciativa "absolutamente inxustificada". Seixo reitera que esta "discriminación monetaria" es "elitista" porque parece "un tipo de recoñecemento especial" a aquellos "altos cargos" ante la sociedad civil, a quienes se les premia con una remuneración económica que no va a llegar al resto de cargos públicos que no son funcionarios. Además, el secretario de la CIG calificó esta normativa de "inmoral", porque "moitos dos que votaron no Parlamento esta lei son os propios beneficiarios da mesma". Concentración frente a San Caetano Para protestar por ello, la Confederación Intersindical Galega convocó una concentración que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre frente a las dependencias de la Xunta en San Caetano a partir de las 11.30 horas. Para ello, la CIG cuenta con el respaldo "doutros sectores", según informó el secretario xeral de la organización sindical. En caso de que la concentración no obtenga los resultados previstos, la organización sindical promoverá una "iniciativa lexislativa popular" para conseguir que este complemento sea eliminado de la normativa que regula la Función Pública de Galicia. Origen de la confrontación El origen del malestar de la CIG reside en el complemento de destino de 14.721 euros brutos anuales que los tres grupos políticos mayoritarios incorporaron a la Lei da Función Pública, a través de una disposición adicional que no figuraba en el texto que la Xunta negoció previamente con los sindicatos. Esta "compensación económica" beneficiará a los funcionarios que desde el año 1981, momento de entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Galicia, han ocupado altos cargos en las administraciones autonómicas, tanto a nivel provincial como local, durante un plazo de dos años consecutivos o tres alternos. La CIG sentencia que esta medida favorecerá a cargos políticos que fueron "elixidos a dedo". Ese colectivo, que según el sindicato nacionalista CIG integra al menos a 4.000 personas, percibirá hasta su jubilación, con independencia de la actividad profesional que desempeñen los funcionarios al dejar las Administraciones, ese plus de 14.721 euros. Esa consolidación retributiva, que la CIG considera pactada "pola porta de atrás", ha dado lugar a diversos actos de protesta entre funcionarios y opositores. Fraga ya lo intentó La primera tentativa de introducir en la legislación gallega una norma como la que recoge la disposición adicional 17ª de la Lei da Función Pública tuvo lugar en junio de 2005, cuando la Xunta de Galicia presidida por Manuel Fraga elevó al Consello Consultivo de Galicia un proyecto de modificación del Decreto 92/1991, por el que se aprobaba el Regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da Administración de Galicia. Este proyecto tuvo un voto negativo del Consello Consultivo y una fuerte oposición tanto por sindicatos como por el resto de partidos políticos, que pidieron la retirada de la determinación, por parte de la Xunta de ese momento, de aprobar la reforma.