Incautados en Camariñas 180 artefactos pirotécnicos para uso ilícito en labores de pesca

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, junto con otros de las unidades territoriales de la comarca de Bergantiños, auxiliados por los Edex (Equipo Desactivación de Explosivos) y perros especialistas en la detección de este tipo de sustancias, culminaron una operación contra el uso de explosivos para uso ilícito en las labores de pesca. Las investigaciones se habían iniciado hace dos años. La operación permitió la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer. El material aprehendido iba a ser utilizado presuntamente en la extracción de recursos pesqueros. La operación comenzó el miércoles sobre las doce de la mañana en la localidad coruñesa de Camariñas. Los agentes registraron cuatro domicilios y otros establecimientos, todos ellos ubicados en tierra. Las detenciones afectan a una familia de marineros y armadores afincados en la zona cuyas edades oscilan entre los 23 y los 40 años. Bombas de palenque, cordón detonante, mecha lenta, detonadores, explosivo industrial y útiles para el manejo y manipulación de las sustancias descritas, forman gran parte del material intervenido en esta operación, según informa la propia Guardia Civil. El explosivo se encontraba oculto bajo un montón de redes y fue precisamente la perra pastor alemán 'Asi' la que detectó el lugar en el que se descubrieron las sustancias intervenidas. El servicio fue dirigido e impulsado por el titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de Corcubión, que estuvo presente durante la mañana y tarde de ayer, tanto en los registros como en las detenciones de los ahora imputados. La Guardia Civil mantiene abierta la operación y no descarta otras detenciones o acciones encaminadas a la erradicación de este tipo de actividades ilícitas. "Esta manera de proceder en la extracción de los recursos pesqueros lleva a los detenidos ante las autoridades judiciales acusados de los supuestos delitos de tenencia ilegal de explosivos y contra el medio ambiente", explica la Guardia Civil. De mantenerse esta calificación por parte de Fiscalía, los implicados podrían enfrentarse a penas que oscilan entre los dos y los ocho años de prisión, además de la correspondiente inhabilitación para las actividades relacionadas con la pesca durante un periodo importante de años.