El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, mantuvo en Madrid una reunión con la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para tratar sobre el proceso de transferencia de competencias a Galicia, puesto que, según él, "estamos a cruzar liñas vermellas". Quintana se refirió con esto a que "o tempo remata e Galicia non pode quedar estancada no incremento do seu autogoberno". Además, añadió que "temos paciencia", pero "tamén somos perseverantes e consideramos que chegou o momento de facer efectivos eses traspasos". El vicepresidente de la Xunta, en su primera reunión desde que Elena Salgado asumió su actual cartera, trasladó a la ministra su preocupación por el cumplimiento del acuerdo asumido por Administraciones Públicas en el pasado mes de febrero, y que se refería al traspaso a Galicia de siete nuevas competencias en esta legislatura y el inicio de una nueva relación bilateral entre Galicia y el Estado. El político de Allariz recordó que ese fue el compromiso adquirido en su día con el Ministerio, un compromiso que "nós queremos que se cumpra", afirmó, y que tenía marcado como plazo finales de 2007. Entre las siete transferencias fijadas como objetivo para el 2007 se encuentran las referidas a salvamento marítimo, a inspección de trabajo, a los centros de investigación del Estado con sede en Galicia y a los archivos históricos y museos. Las restantes transferencias aluden a los bienes reservados a la Tesorería de la Seguridad Social y adscritos a servicios y competencias ya transferidos a Galicia, a saldar la deuda de superficie de la administración del Estado en las cuatro provincias y a la expedición del título de Gestor Administrativo -traspaso que ya fue concretado en junio-. Estos ámbitos ya habían sido definidos producto del consenso y una negociación política previa del anterior ministro, Jordi Sevilla, y el vicepresidente de la Xunta en nombre de los gobiernos central y gallego. En este sentido, Quintana afirmó que "aspiramos" a que esto se cumpla porque "as persoas pasan, pero as administracións permanecen". De este modo, recordó que sobre estos ámbitos competenciales se mantuvieron reuniones técnicas "moi frutíferas e de moito traballo feito", y concluyó que "chegou o momento da resolución". El vicepresidente afirmó tener por parte de la ministra "o compromiso" de seguir estudiando estas cuestiones pendientes, sobre las que espera tener noticias en breve. Comisión bilateral Sobre la reforma de la Comisión Bilateral de Cooperación, Quintana aclaró que había sido una de las reformas que se hizo en su momento de acuerdo con el Ministerio, y que sería "moi importante" llevarla a cabo. También recordó que se produjo una reunión "moi produtiva" del citado organismo en la que se resolvió un conflicto, pero que "podemos ser máis ambiciosos" y esperar que esta comisión no sólo sirva para la resolución de conflictos, sino para algo más positivo, como que en los temas gallegos "o Estado poida compartir responsabilidade e criterios ao respecto de Galicia". En opinión del vicepresidente, la modificación del reglamento de la actual Comisión Bilateral de Cooperación para convertirla en una auténtica Comisión Bilateral Galicia-Estado se trata de una reforma que es "unha proposta construtiva e lóxica". Lei de Horarios Comerciais Previamente a la reunión con la ministra, Quintana y Elena Salgado ratificaron en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación el acuerdo para evitar el recursos de anticonstitucionalidad del Gobierno del Estado contra la Lei Galega de Horarios Comerciais. La solución propuesta es la interpretación del artículo 8.3 de la Lei de Galicia 13/2006 de Horarios Comerciais -cierre de los establecimientos de menos de 150 metros cuadrados los días 1 de enero; 1 y 17 de mayo; 25 de julio; y 25 de septiembre, y cierre antes de las 20 horas los días 24 y 31 de diciembre- dentro de los principios de conciliación de la vida laboral y familiar. Los cierres se realizarán de acuerdo con las empresas para facilitar los mencionados principios. El régimen de libertades de horarios establecido en la ley estatal se mantiene al mismo tiempo, de modo que se limita esta libertad, según la ley gallega, para favorecer dicha conciliación.