El fiscal pide que se inhabilite a la ex patrona mayor de Mugardos por permitir el furtivismo
El fiscal pide que se condene a diez años de inhabilitación laboral a la ex patrona mayor de la cofradía de mariscadoras de Mugardos (A Coruña), Oliva Bonome, por haber permitido la práctica del furtivismo durante su mandato, que se prolongó hasta que fue destituida en noviembre de 2001. En el juicio que ha comenzado en la Audiencia Provincial de A Coruña, la ex patrona está acusada de delitos de delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que la acusación particular, ejercida por las mariscadoras del pósito mugardés, solicita nueve años de cárcel. Las denuncias contra Oliva Bonome fueron interpuestas hace siete años por parte de las trabajadoras de la cofradía y culminaban un período especialmente conflictivo en el que medio centenar de mariscadoras llegaron a encerrarse durante algo más de tres meses en el local del pósito para exigir que se convocase una asamblea urgente en la que se les informase del estado de cuentas de la entidad. Según el fiscal y la acusación particular, la permisividad de la acusada hacia los mariscadores furtivos llegó al extremo de autorizar a algunos de ellos a faenar y vender la almeja en las instalaciones de la lonja. Hoy, en la vista oral, uno de los mariscadores ilegales ha afirmado que el permiso de la entonces patrona mayor no era sólo verbal, sino que la cofradía llegó a expedirles una autorización sellada que en teoría les autorizaba para recolectar marisco. Oliva Bonome negó haber autorizado estas actividades ilegales y recordó haber sido agredida verbal y físicamente por los furtivos, que apedrearon su vivienda después de ser denunciados por la cofradía. La acusada instó a que los testigos de la acusación mostraran una de esas supuestas autorizaciones, en tanto los vigilantes del pósito y algún trabajador ilegal ratificaban las agresiones sufridas por Bonome. La defensa de la ex patrona alegó que las denuncias de las mariscadoras de la cofradía comenzaron cuando desde ésta se les exigió el pago de la seguridad social. Las trabajadoras, por su parte, afirmaron que la acusada manipuló las cuentas de la cofradía y permitió la venta ilegal de marisco, así como de ejemplares que no daban la talla. Además, añadieron la ex patrona y otros miembros de su junta siguieron ejerciendo pese a haber cumplido la edad de jubilación. En el caso de Bonome, la Xunta tuvo que recurrir a los tribunales, que en octubre de 2002 decretaron que no se le renovara el permiso de marisqueo. El juicio continúa mañana con la declaración de miembros de la anterior junta directiva.