Defiende la libertad del jurado para elegir proyecto y evita responder a la pregunta sobre cuánto cobró
18-10-2007
Alfredo Díaz Grande, arquitecto coordinador del concurso Cidade da Cultura y marido de la diputada Pilar Rojo, compareció en la Comisión de Investigación de este caso, en la que eludió responder a varias preguntas planteadas por los diputados aludiendo a una falta de memoria. Tras relatar el curriculum de los participantes en el jurado y algunos concursantes, Díaz Grande sostuvo que fue un buen concurso y aseguró no tener "más memoria para entrar en otros debates", alegando que "hace ocho años de eso".
De este modo, evitaba responder a algunas de las preguntas reiteradas por socialistas y nacionalistas, relacionadas con lo que cobró por realizar esta labor o los motivos por los que fue seleccionado él para coordinar este concurso, dado que según el diputado nacionalista Carlos Aymerich no existen documentos al respecto y, además, considera que sus funciones eran también políticas.
El arquitecto no entró en el hecho de que su mujer, Pilar Rojo, fuese en el momento de los hechos delegada de Cultura en Pontevedra, como dijo Aymerich, ni habló sobre su amistad con Mariano Rajoy. Simplemente, señaló que "soy un profesional liberal y supongo que comparezco aquí en esa condición", aseguró que su colaboración con la Xunta fue tal porque no existía "ninguna incompatibilidad" e invitó a los diputados a ver la documentación porque allí estaba la respuesta a sus preguntas.
Respecto a si el jurado tenía libertad para la elección del proyecto, Díaz Grande manifestó que "el prestigio que tienen es superior a la capacidad de interferir sobre sus decisiones o intentar cualquier influencia sobre las mismas". Así, defendió la libertad de los integrantes, pese a que Aymerich considera que "había unha decisión do presidente" para que se instalase en Monte Gaiás y que el diputado socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, sembró ciertas dudas sobre la elección del proyecto de Peter Eisenman, al señalar que al parecer existía una corriente que defendía "outro proxecto" y al preguntar por las actas y el proceso del jurado.
Si en algo incidieron nacionalistas y socialistas es en el hecho de que existen documentos anteriores a 1999 -cuando se inició el proceso-, de 1998, en los que el arquitecto se dirigía a la Xunta para abordar cuestiones relacionadas con la Cidade da Cultura. Aymerich también destacó que existen documentos que aluden a que la coordinación del proyecto supuso un coste de 18.000 euros -tres millones de pesetas-, si bien Díaz Grande eludió manifestarse sobre este tema. Asimismo, Aymerich preguntó si lo que cobró era lo especificado para el jurado, que otorgaba al coordinador 1.800 euros -300.000 pesetas-.
Criticó, también, que en la memoria del proyecto se diga que "os arquitectos teñen liberdade absoluta de deseño" a excepción de los condicionantes propios del fin. En este punto, señaló, no se establece ningún condicionante económico, lo que considera que puede ser la "semente da deriva cos orzamentos".
El diputado socialista, Fernández Leiceaga, criticó, al concluir la sesión, que "a memoria fráxil do comparecente impediu contestar" a las preguntas planteadas por los integrantes de la comisión que pretende determinar qué ocurrió en la Cidade da Cultura para que el presupuesto del proyecto se hubiese multiplicado.
El PP, un discurso paralelo
El Partido Popular protagonizó en la Comisión un discurso paralelo. Lejos de plantear preguntas al compareciente, el diputado Ignacio López Chaves criticó que los nacionalistas lo cuestionen todo y los socialistas nada, defendió el proyecto de la Cidade da Cultura e incidió en que "vamos a pedir a comparecencia do xefe de servicio do librio" actual y el anterior para que explique si actualmente los libros comprados a Xesús Alonso Montero están en el Consello Superior Bibliográfico.
Quieren obtener información sobre los contratos y actas de depósito tras el reproche de Aymerich, en una sesión anterior de la comisión, en la que aludía a que nada se sabía de estos documentos. En esta línea, López Chaves, señaló que "si los libros han desaparecido habrá que denunciar al fiscal".
A juicio del popular, dado que los comparecientes que demandan son funcionarios, pueden citarlos "para mañá", si bien este extremo fue descartado por la presidenta de la Comisión, Ana Pontón, que explicó que "as convocatorias teñen que ser feitas cun mínimo de cinco días de antelación".
Por otra parte, los populares critican que en la actualidad las obras de la Cidade da Cultura están "paralizadas", algo que a su juicio es una actitud "irresponsable", pues si "as obras se retrasan" la consencuencia que van a tener es que supondrá "pagar máis polo mesmo". Felicitó a Díaz Grande por ser el "autor intelectual do proxecto, como din o PSOE e o BNG", teniendo en cuenta que Touriño dijo que "vai haber un antes e despois en Galicia" con la Cidade da Cultura, dado que supondrá un paso a la "modernidad".
Respecto a los criterios de selección de este arquitecto como coordinador del concurso, dudosos para los nacionalistas, López Chaves sacó de la manga un documento que, aseguró, es un contrato firmado por el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, con su hermano.
La segunda, de más de 30 comparecencias
Ésta fue la segunda comparecencia de la Comisión de Investigación de la Cidade da Cultura, tras la intervención, la pasada semana, de un responsable del Consello de Contas. En las próximas semanas irán pasando por el Parlamento más de 30 comparecientes.
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