La Fiscalía alerta del repunte de los delitos contra el patrimonio y el medio ambiente en Galicia

El terrorismo anarquista e independentista preocupan también en la comunidad

La Fiscalía General del Estado advierte, en su último informe anual, del incremento de los delitos contra el patrimonio en Galicia (robos y hurtos, principalmente). De hecho, representan ya el 43,84% del total de las diligencias previas incoadas en la comunidad autónoma y el 13,76% de las calificaciones en diligencias urgentes. Otro aspecto relevante es el ascenso de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente, con 61 diligencias previas durante el año 2006, 20 más que durante el ejercicio anterior, por ataques diversos al patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la flora y el fauna. Estos comportamientos ilícitos contra el medio ambiente representaron el 31% de las diligencias de investigación, constituyendo una grave preocupación para el Ministerio Fiscal, que mantuvo una especial diligencia en todas las actuaciones relativas a hechos de esta naturaleza. Entre los delitos contra la seguridad colectiva, destacaron los incendios forestales, auténtica lacra medioambiental que afectó muy duramente a Galicia en 2006, año en el que se incoaron un total de 196 causas y el 2% de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Volviendo a los actos contra el patrimonio, el informe de la Fiscalía recoge que aumentaron todas las modalidades. Así, el hurto, la más frecuente con 16.078 diligencias previas, se incrementó en 3.967 casos; los delitos de robo con fuerza en local abierto al público o casa habitada fueron 303, frente a los 242 registrados en 2006, y por los delitos de robo con violencia o intimidación se registraron 894 causas, frente a las 477 del ejercicio anterior. La situación es especialmente preocupante en ciudades como Vigo, que registró un total de 5.858 robos a lo largo del año pasado, según los datos de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Pontevedra. Los más habituales fueron los hurtos (en los que no se produce intimidación ni violencia a personas o cosas). La fuerza tampoco es un problema menor y fue protagonista en 2.000 robos cometidos en la ciudad. En la misma provincia, la Guardia Civil procedió en febrero, en el marco de la operación Nitro II, a la desarticulación de un grupo de delincuencia organizada dirigida por ciudadanos rumanos, a los que se les imputó la comisión de un importante número de robos cometidos en establecimientos comerciales en Galicia, Asturias y León. Terrorismo Otro capítulo del informe anual de la Fiscalía hace referencia a las actuaciones terroristas, siendo Galicia escenario de algunas de ellas. El Grapo protagonizó el año pasado tres actos violentos, entre los cuales estuvo el robo con secuestro de varios empleados en una sucursal bancaria de A Coruña el 4 de julio. El estudio recoge 14 acciones de terrorismo anarquista: 2 en Lugo, 6 en Navarra, 5 en Barcelona, y 1 en Madrid; fueron detenidas siete personas por su vinculación con este tipo de violencia. Otros 18 actos de terrorismo se registraron en España, incluidos los de ETA, de los que dos se atribuyen a grupos independentistas gallegos. Se produjeron cinco detenciones, una de ellas relacionada con grupos extremistas de Galicia. Optimismo A pesar de la preocupación en algunos sectores, el jefe superior de Policía de Galicia, Luis García Mañá, recordó recientemente que el número de delitos que se registran en la comunidad autónoma ?está por debaixo do nivel de 1992? y Galicia ?ten a sorte de desfrutar dunha paz que, desde logo, non hai en todo os lugares?. Sin embargo, y aún teniendo en cuenta los buenos indicadores sobre la criminalidad en Galicia y las informaciones de medios extranjeros que dibujan a la comunidad gallega como ?el rincón más seguro de España?, el jefe superior de Policía subrayó que no hay que bajar la guardia y matizó que las estadísticas no les sirven a los ciudadanos que son víctimas de delitos. Agilizar la tramitación de las causas, elevar las penas mínimas por delitos de incendios forestales e internar a autores de incendios afectados por anomalías psíquicas en periodos de riesgo. Son algunas de las propuestas realizadas por la Fiscalía de Galicia, que busca de este modo reformas legislativas que, según su criterio, mejorarían la respuesta judicial ante este tipo de situaciones delictivas. Aún considerando que el Código Penal no puede ser "reinventado", lo cierto es que los fiscales creen que existen cuestiones que se pueden mejorar, como en lo relativo a la prevención de incendios. En esta línea, la propuesta consiste en incluir medidas de seguridad de internamiento para los autores de incendios forestales cuando estas conductas están asociadas a anomalías psíquicas. Para prevenir que en el periodo estival (cuando más peligro existe) estas personas originen incendios, la idea es internar en centros especializados a estas personas, para evitar la acción incendiaria. Otra de las cuestiones que plantean desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consiste en adoptar medidas penales que permitan alejar de las áreas forestales a los imputados por incendio, prohibiendo incluso la residencia en estos lugares. También desde una perspectiva preventiva, se contempla la posibilidad de que la Administración pueda restringir el paso de vehículos en zonas forestales, para, al menos, dificultar la acción de los incendiarios, que muchas veces cometen este tipo de delitos desplazándose con diferentes medios de locomoción por los montes. En materia de penas y sanciones, las propuestas se orientan hacia diferentes perspectivas. Por un lado, se plantea la necesidad de incluir como "comportamiento prohibido" y sancionable penalmente cualquier acción tendente a "impedir ou obstaculizar as tarefas de combate aos incendios ou de dificultar a súa extinción destruíndo, inutilizando ou impedindo de calquera xeito a utilización do material destinado a combatelos". Por otra parte, y hablando de las penas previstas para las acciones incendiarias dolosas, los fiscales advierten que las penas mínimas pueden resultar excesivamente bajas, impidiendo el cumplimiento de la pena al ser menor de dos años. Es por eso que consideran que es necesario incrementar estos límites mínimos, al igual que elevar las penas sobre las personas que cometan algún tipo de imprudencia o negligencia. A su juicio, estas no deberían ser inferiores a un año de prisión. Los casos de incendios ocasionados porque algunas empresas no adoptan precauciones tienen también un hueco entre las demandas de los fiscales, que creen que es fundamental establecer sanciones directas para castigar las imprudencias cometidas por personas jurídicas.