El fiscal pide seis años de inhabilitación para los concejales de Cultura y Urbanismo de Gondomar por cohecho

El fiscal pide que se condene a seis años de inhabilitación para empleo o cargo público a los concejales de Cultura y de Urbanismo del Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra), José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, por tres delitos de cohecho, que deberá juzgar un tribunal del jurado. La acusación solicita que se le imponga a cada uno una multa de 1,9 millones de euros, e imputa en la misma causa al arquitecto Francisco de Borja Ramilo, como coautor necesario en la comisión del delito, y a Belén Fernández, novia del edil de Cultura, como cómplice. En su escrito de acusación, el fiscal afirma que en los últimos meses del año pasado y los primeros de 2007 los dos concejales ?con ánimo de enriquecerse, sirviéndose de la ventaja que les proporcionaban sus cargos oficiales y quebrantando los más elementales deberes de lealtad y probidad que les unen con el ayuntamiento?, decidieron cobrar diversas cantidades de dinero a cambio de votar a favor del desarrollo o la incorporación al PGOM de determinados proyectos de urbanización. El ministerio público sostiene que para llevar a cabo sus planes se pusieron en contacto con el arquitecto que iba a intervenir en esos proyectos, ya que ?por sus conocimientos técnicos y sus relaciones con propietarios y promotores, era sin duda el mejor de los interlocutores?. Los concejales comunicaron al arquitecto sus peticiones económicas sobre tres convenios urbanísticos. Por votar a favor de la aprobación y desarrollo de la parcela de la depuradora pidieron 600.000 euros, otros 180.000 por modificar la edificabilidad de una finca y 180.000 más por apoyar la aprobación, desarrollo y ejecución de una promoción inmobiliaria de la sociedad A Pousa SL sobre 33.335 metros cuadrados. Según el fiscal, en enero y febrero del 2007 los concejales se pusieron varias veces en contacto con el arquitecto intermediario para cobrar las citadas cantidades. El escrito de acusación refiere que, en el caso de la promotora A Pousa, se acordó hacer efectiva la primera entrega en el estudio del arquitecto en Vigo. Sobre las nueve de la noche llegaron hasta las inmediaciones del despacho el concejal de Cultura y su compañera sentimental, que se encargaría de recoger el dinero y trasladarlo ella misma hasta la residencia de su novio en Gondomar, para no levantar sospechas. Tras efectuarse el intercambio, la Policía detuvo al concejal y a su presunta cómplice y se incautó de la cantidad entregada como soborno. El fiscal pide para el arquitecto una multa de 720.000 euros y 15 meses de inhabilitación, y para la compañera del concejal de Cultura una sanción de 135.000 euros y suspensión de empleo o cargo público durante tres meses.