23-11-2007
A pesar de la tensión vivida en algunos momentos, los operarios contratados por el ayuntamiento de Poio pudieron iniciar los trabajos de demolición de las siete chabolas ilegales del poblado gitano de O Vao (Poio), que debían ser derribadas en cumplimiento de una orden judicial.
En medio de una gran expectación vecinal y periodística, a primera hora del viernes arrancó un amplio despliegue policial en la zona a cargo de la Guardia Civil y los agentes municipales y en esos primeros momentos los vecinos afectados se encerraron en el interior de sus viviendas con la firme intención de oponerse a los desalojos, impidiendo el trabajo de las brigadas municipales y los operarios contratados por el ayuntamiento.
Al mismo tiempo, el alcalde, Luciano Sobral puso en marcha una ronda de negociaciones con los portavoces de cada una de las familias en las dependencias de la concejalía de Bienestar Social, en la Casa Rosada, situada a escasa distancia del asentamiento chabolista. En la zona se encontraba también el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez que explicó que los vecinos estaban convencidos de que quedarían en una situación de desamparo al no tener una vivienda alternativa apalabrada.
Luciano Sobral se encargó de desmentir este aspecto y explicó a los portavoces de las familias que durante algún tiempo en tanto no se pueda disponer de las ayudas aprobadas en el Consello de la Xunta desde el concello se negoció con un albergue el realojo de las familias afectadas, que según afirmaron portavoces de estas mismas familias será de forma provisional en bungalows de un cámping de Montalvo, en Sanxenxo.
Una vez resuelta esta duda, de modo manual, sin maquinaria pesada, se iniciaron los trabajos con el desmontaje del tejado de algunas de estas chabolas, aunque debido a que la mayoría de las construcciones son infraviviendas construidas con maderas viejas y tejados de uralita, se está dificultando el derribo, que se alargará hasta el sábado.
Algunas de ellas comparten sus paredes con otras chabolas que no se encuentran afectadas por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por lo que ante la dificultad técnica para poder derribarlas los técnicos municipales han optado por cortarles el agua y la luz y precintar la vivienda.
Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia del 061 y el médico de urgencias de la zona, que sólo pudo certificar el fallecimiento del joven, según confirmaron fuentes sanitarias.
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