El alcalde de Mugardos asegura que no escapará a las "responsabilidades? políticas por la trama urbanística

El pleno del Ayuntamiento de Mugardos aprobó en sesión extraordinaria la propuesta para que el concello se persone en la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ferrol por la presunta trama urbanística destapada hace dos semanas por la Guardia Civil. La iniciativa -al igual que la solicitud del PP de crear una comisión de investigación interna sobre este asunto- contó con el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación, salvo el de Izquierda Unida, que no considera que estas medidas sean necesarias una vez el caso está en manos de la justicia. El objetivo de estas dos propuestas es clarificar la gestión urbanística del concello y revisar toda la documentación necesaria para determinar si existió o no algún tipo de irregularidad. En este sentido, el alcalde de Mugardos, el nacionalista Xosé Fernández Barcia, aprovechó la celebración del pleno para defender su gestión al frente del ayuntamiento. ?No voy a ser yo?, dijo, ?el que escape a las responsabilidades políticas porque siempre demostré una trayectoria impecable de honestidad, honradez y trabajo?. ?Si tengo que asumir responsabilidades?, continuó, ?lo haré con dignidad, pero hasta el fiscal dice que yo no estoy imputado en esta presunta trama urbanística?. El regidor, de todas formas, tendrá que declarar el próximo miércoles en los juzgados de Ferrol para determinar su grado de implicación en este asunto. REVISIÓN DE INFORMES URBANÍSTICOS Además la corporación municipal aprobó hoy la solicitud para que la delegación en Ferrol del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia revise los informes a los que se refiere la querella de la Fiscalía y el sumario abierto en el Juzgado. La iniciativa, en todo caso, contó con una enmienda de los grupos de la oposición mediante la cual se requiere que los informes también sean inspeccionados por técnicos de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial de A Coruña. Según el alcalde esta propuesta tiene como objetivo ?verificar la legalidad de los informes emitidos por los técnicos y garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones municipales?. Los documentos en los que se centra la investigación fueron emitidos por la aparejadora municipal, Carmen Piñeiro, y por la arquitecta asesora, Julia Cortizas, en el primer semestre del año 2006. Ambas mujeres, junto a un policía local y otro arquitecto, están imputadas por un presunto delito de tráfico de influencias y negociaciones prohibida a funcionarios. Finalmente todos los grupos políticos votaron también a favor de convocar una plaza de técnico superior de arquitectura para el departamento de Urbanismo municipal.