El anteproyecto de la Lei de Servizos Sociais prevé destinar el 7% del gasto público al Sistema Galego de Benestar

Prevé la creación de la tarjeta social y el "expediente social básico"

Garantizar que la Xunta destine el 7% del gasto público a políticas sociales, crear la tarjeta social, el expediente social básico, la figura del profesional de referencia... Todas son medidas contempladas en el Anteproxecto de la Lei de Servizos Sociais de Galiza, presentada por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, quien comparó esta futura norma con la creación del sistema público sanitario y el sistema educativo. Algunas de las principales novedades se centran en materia de financiación, pues este texto, que pretende sustituir a la Lei de Servicios Sociais de 1993; contempla una nueva estructura presupuestaria en la comunidad. De este modo, y de aprobarse el texto actual, la Xunta estaría obligada a asignar un 7% del gasto público anual al Sistema Galego de Benestar, frente al 4,8% de los últimos años, cuando hasta ahora no existía tal exigencia. En cuanto a presupuestos y entidades locales, también se establecen cambios. Así, los municipios con más de 20.000 habitantes tendrán que destinar también un 7%, un punto más de lo establecido en la anterior normativa, mientras los concellos más pequeños mantendrán la obligación actual (un 4%). En todos los casos, estas medidas deberían hacerse efectivas en un plazo de seis años, tal y como establece el anteproyecto de ley. Asimismo, aseguró el vicepresidente, se establecerán "axudas para os concellos podan facer efectiva esa norma". Más allá del ámbito económico, Quintana anunció medidas concretas que, de algún modo, harán del Sistema Galego de Benestar un Sergas de lo social. Así, se prevé la creación de la "Tarxeta Social Galega" y la figura del "Profesional de Referencia", que de algún modo equivaldrían a la tarjeta sanitaria y el médico de familia. Así, se pretende instaurar un "expediente social básico" para cada gallego, que sería el homólogo de la historia clínica en el ámbito social. De hecho, uno de los objetivos que persigue este anteproyecto de ley es la "universalización da protección social", en palabras de Quintana, que considera que se debe dejar atrás un sistema de "beneficiencia e asistencialismo que pensamos que é ineficaz". Así, señaló, se establecerá un sistema dirigido al "conxunto da poboación, é para todos, porque todos podemos" necesitarlo. Otra de las novedades que se contempla en este texto es un diseño "en rede", que se estructura de acuerdo con dos niveles de actuación. Así, existirán servicios comunitarios en el ámbito local y servicios sociales especializados y se creará cada seis años un Plano Estratéxico de Servizos Sociais. En el modelo sancionador también se contemplan cambios. En concreto, el objetivo es, entre otros, hacer desaparecer cualquier sospecha sobre fines recaudatorio en el establecimiento de las multas. Para ello, la recaudación derivada de las sanciones impuestas, irá destinada a la mejora de los servicios que presta el propio Sistema Galego de Benestar. La contratación pública también se contempla en este documento, que establece que en los pliegos de condiciones de las licitaciones que convoquen las administraciones públicas gallegas, se pondrán incluir cláusulas de carácter social. Esto es, que en la contratación pública, tendrán preferencia las empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. También tendrán preferencia empresas dedicadas a promover la inserción laboral de personas en situación de exclusión. Los objetivos El vicepresidente señaló que los objetivos que se marca la Xunta a largo plazo con este "innovador e creativo" diseño de políticas bienestar consisten en crear una unidad primaria de intervención social por cada 10.000 habitantes en áreas urbanas y otra por cada 3.000 personasen zonas rurales. En lo referente a inclusión social, se prevé crear un equipo de inclusión en cada área social de Galicia (hai 60), la puesta en marcha de siete centros de inclusión social en las siete grandes ciudades y 16 en cabeceras de comarca. Para mayores dependientes, se aspira a alcanzar las 3,5 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años (21.000 plazas); atender al 30% de los 91.000 dependientes con el servicio de ayuda en el hogar; alcanzar un ratio de 1,4 plazas en centros de día por cada 100 mayores de 65 años (8.400 plazas) y atender ocho millones de desplazamientos al año a través del Servizo de Transporte Adaptado. En materia de discapacidad física se prevé crear centros de 'Recursos e Integración Social en cada área social' y en lo referente a dicapacidad intelectual se aspira a crear 15 plazas ocupacionales por cada 10.000 habitantes (pasando de las 2.400 actuales a las 4.200); 15 plazas asistenciales por 10.000 habitantes (hay 1.800 y se prevé llegar a 4.200) y crear centros específicos. Dos años de participación Quintana definió esta futura ley, que tendrá que pasar diferentes trámites, entre ellos el debate parlamentario; por ser "unha carta de recoñecemento de novos dereitos sociais" que permitirá que "todos os galegos exerzan eses dereitos". Otra de las cuestiones que destacó con "satisfacción" fue el alto grado de participación que hubo en la redacción de este texto desde hace casi dos años, que también propone fórmulas de "colaboración institucional" y autoriza a la Xunta a crear la Axencia Galega de Servizos Sociais y la Axencia Galega de Atención a Menores. La primera, tendrá como función coordinar las actuaciones públicas y privadas en materia de servicios sociales; mientras la segunda tiene como fin fomentar los derechos de sus menores, impulsar planes y programas de prevención de desamparo, coordinar y gestionar los recursos dependientes del Gobierno para ejecutar medidas dictadas por juzgados de menores. Ambas agencias tendrán autonomía en su gestión.