La Fiscalía del Tribunal de Cuentas acaba de decidir la apertura de un proceso civil para determinar si existen irregularidades en la Cidade da Cultura. A partir de ahora se abrirá un procedimiento similar al de la jurisdicción ordinaria para decidir sobre la "posible existencia de responsabilidad contable" y llegar, en su caso, a reclamar la "devolución del dinero presuntamente defraudado" a los gestores del proyecto. Según explicaron fuentes del Tribunal de Cuentas a AGN, se trata de un proceso "muy largo" que sigue todas las fases del judicial, aunque es de carácter civil y en ningún momento penal. El caso podría prolongarse por "un año o más", pero si finalmente la sentencia concluye que existieron irregularidades, los responsables tendrán que "restituir el dinero al erario público" e incluso pagar intereses. La decisión del fiscal del organismo fiscalizador estatal se produce tras conocer el informe del Consello de Contas de Galicia, sobre las cuentas del año 2004, en el que se concluyó que la Xunta "abdicó das súas responsabilidades na xestión prudente e planificada dos fondos públicos" en el proyecto del Monte Gaiás, lo que llevó a una desviación presupuestaria de 132 millones de euros iniciales a 373 millones. Aunque el Consello de Contas no ha querido pronunciarse respecto de la decisión de la Fiscalía de Cuentas, el conselleiro maior, Antonio López, dijo en agosto pasado, tras dar a conocer el informe de 2004, que se "ponen de manifiesto" la existencia de "distintos niveles de incumplimiento" que van "desde simples irregularidades a otros que podrían derivar en responsabilidades", aunque "no nos corresponde a nosotros decidirlo". Ahora será el organismo estatal el que determine si hay responsabilidades en la gestión de la Cidade da Cultura, al igual que en las deficiencias detectadas por el Consello de Contas en la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), donde el Tribunal de Cuentas también considera que pueden existir "desajustes contables". El procedimiento sobre las obras del Monte Gaiás podría derivar en un juicio oral, lo que implicaría la citación de testigos, por lo que los implicados en la gestión podrían ser llamados a declarar. La gestión de la Cidade da Cultura ya motivó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia, que constató la desviación presupuestaria y decidió remitir su dictamen a la Fiscalía por la existencia de posibles irregularidades cometidas por el ex conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela. El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, pero a diferencia de los consejos de cuentas autonómicos tiene también funciones jurisdiccionales. De hecho, sus doce miembros, designados por las Cortes, cuentan con la misma independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces. En todo caso el fiscal de este organismo depende funcionalmente de la Fiscalía General del Estado. Reacción del PPdeG Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ignacio López-Chaves, reiteró que el PPdeG está "totalmente dacordo" en investigar a fondo todo lo relativo a la Cidade da Cultura, como demuestra el hecho de que la fuerza política que lidera Alberto Núñez Feijoo fue la primera en pedir que se abriese una comisión de investigación en la Cámara gallega. En cuanto a la actuación del Tribunal de Cuentas, señaló que la investigación reproduce la situación que se dio en Galicia, donde la Fiscalía impulsó un procedimiento que inicialmente un Juzgado de Santiago decidió archivar y contra el que se presentó recurso. "Non é ningunha novidade", subrayó y precisó que, de hecho, el fiscal del Tribunal de cuentas "é nombrado directamente polo Consello de Ministros a proposta do fiscal xeral do Estado".