La Xunta reclama al Estado que mantenga la tarifa nocturna

La Consellería de Innovación calcula que la medida perjudica a unos 160.000 hogares gallegos

La Consellería de Innovación e Industria solicitó al Gobierno central que se mantenga la tarifa 2.0 con discriminación horaria nocturna en los términos en que se estuvo aplicando hasta ahora, con las lógicas actualizaciones periódicas en su importe. Este cambio tarifario afecta negativamente en Galicia la economía de unos 160.000 usuarios, según este departamento de la Xunta. En una carta dirigida al titular del Ministerio de Industria, el conselleiro de Innovación, Fernando Blanco, recuerda que ya en los diferentes consejos consultivos de electricidad en los que se abordó esta cuestión, su departamento puso de manifiesto que el tránsito de la tarifa nocturna a la de discriminación horaria iba a ser particularmente delicado para muchos consumidores gallegos. Ello, debido al patrón de consumo eléctrico que desarrollan en la actualidad. En este sentido, señala Blanco que ese patrón fue inducido, en gran medida, por la adopción en su día del propio sistema de tarifa nocturna, promovido tanto desde la propia Administración del Estado como desde las compañías distribuidoras. Según el conselleiro, resulta particularmente preocupante la forma en que se materializa esta medida, ya que existe una nula información por parte del ministerio a los consumidores. Además, no hay por parte de la Administración del Estado ningún mecanismo o instancia para asesorar a quien afronte este cambio en las cuestiones particulares que le puedan surgir. Unido a ello, está el hecho de que se traslade a los usuarios el coste del cambio, "de forma unilateral e escasamente transparente", se señala desde la consellería. Petición de ayudas Fernando Blanco se muestra particularmente preocupado en su escrito con la decisión de que el coste del cambio recaiga sobre el usuario, y considera que resulta necesario valorar los efectos reales de esta modificación y estudiar un reparto de las cargas que incluya a las compañías distribuidoras y a la propia Administración estatal. Para ello propone una línea de ayudas que permita reducir los efectos económicos negativos sobre las economías domésticas en función de las variables que puedan concurrir en esta situación. Por último, el conselleiro nacionalista le pide al Ministerio que haga una campaña informativa para orientar de forma eficaz a todos los que tengan que afrontar este cambio, para que se produzca de la forma más rápida y beneficiosa para el usuario. Ello porque, a su juicio, no se debería dejar esta cuestión como un problema entre la compañía distribuidora y el cliente. Fernando Blanco entiende que existe una evidente asimetría de información que coloca al cliente en una posición de debilidad absolutamente desfavorable en el proceso.