La CIG cifra en 25 millones la deuda de la empresa Marbar

La Xunta y la Inspección de Traballo permanece "a la espera" de las disposiciones judiciales que se adopten en relación al repentino cierre de la empresa Marbar, con sede en Tomiño (Pontevedra). Su dueño, Manuel Martínez Barros, permanece desaparecido e hizo desaparecer gran parte de la maquinaria pesada de la empresa. Mientras, fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) cifraron en 25 millones de euros la cantidad que la compañía constructora debe a Caixanova, a la que hay que sumar los hipotéticos propietarios de 300 viviendas en A Cañiza (Pontevedra) que están sin escriturar y para las que los compradores adelantaron cantidades de dinero a partir de 3.000 euros en concepto de fianza. Además, también se han visto afectados por la quiebra varias subcontratas de servicios como electricistas, escayolistas o pintores, que no cobrarán las deudas contraídas por Marbar. Xulio Vicente, miembro de la Executiva Comarcal da CIG Construcción consideró que este caso ?ten que servir de experiencia para andar un pouco cos ollos abertos e non lle dar tanto vantaxe a un empresario delincuente destes, que se lle puxo todo en bandexa pola boa fe da xente, e está visto que non se pode ter boa fe". "Un traballador o que ten que facer é comprometerse co seu traballo, e esixirlle ao empresario o seu?, concluyó. Un encierro por turnos Los 56 operarios de la empresa siguen haciendo turnos para mantener su encierro en el interior de una de las firmas de la compañía, Granitos Tebra, situada en la parroquia de San Salvador de Tebra, en el municipio tomiñés. Los trabajadores recibieron en la mañana del lunes el aviso de que se marchasen para sus casas porque la empresa había quebrado. La Inspección de Traballo recibió la notificación del cese de actividad de la compañía el pasado lunes, a través de los propios trabajadores de la constructora. Concretamente, los operarios de la cantera llevaban 15 días de vacaciones y se percataron de la ausencia de la maquinaria el mismo día en el que regresaban a sus puestos de trabajo. Inspectores de Trabajo y técnicos de la consellería se desplazaron a la empresa para estudiar la estructura del grupo empresarial, formado por cuatro entidades. Fue el martes, tras una reunión con los representantes sindicales y los trabajadores afectados, cuando certificaron el cierre empresarial sin comunicación, sin regulación de empleo ni despido colectivo. La Inspección de Traballo constató que los trabajadores recibieron una carta de despido y el certificado de empresa a través de una asesoría laboral de la firma, aunque se desconoce quién tomó la iniciativa para que se hiciese esta comunicación formal. En posesión de esta documentación, los trabajadores están ahora en disposición de recibir una prestación por desempleo en el INEM. Tal y como informó Traballo, habrá "actuaciones paralelas" por parte de los servicios jurídicos de los operarios que se encargarán de estudiar todas las consecuencias de la paralización de la actividad. El juez que se ocupe del caso deberá, además, dirimir qué responsabilidades se derivan de este cese de la actividad empresarial sin comunicación.