El Supremo confirma el indulto de cuatro policías de Vigo condenados por detención ilegal y malos tratos

Amnistía Internacional lo critica y cree que se vulneran derechos humanos

Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el indulto parcial de cuatro policías locales declarados culpables de la detención ilegal y malos tratos a Mamadou Kane, concedido por el Consejo de Ministros en 2005 y ratificado ahora por el Tribunal Supremo, el 18 de enero de 2008. Los agentes habían sido condenados a diferentes penas por golpear y detener ilegalmente a un residente en España de origen senegalés, si bien a consecuencia del indulto, los policías se reincoporaron a sus puestos de trabajo en enero de 2006 y nunca cumplieron sus penas de cárcel. Por esto, Amnistía asegura estar preocupada por las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos) que cometen agentes encargados de hacer cumplir la ley en España, así como ante el hecho de que no se ponga fin a la impunidad efectiva de los responsables. En este sentido, consideran que las autoridades españolas vulneran el derecho internacional de derechos humanos, porque no garantizan la prevención y la investigación exhaustiva de los actos de tortura y castigo adecuado de sus perpetradores. Así, entienden que es preocupante que la medida adoptada por el Consello de Ministros ilustra el hecho de que el Gobierno no transmite un mensaje claro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y a la opinión pública en general, de que los malos tratos a detenidos están absolutamente prohibidos y serán objeto de investigaciones y sanciones penales y disciplinarias. Amnistía Internacional pide, por ello, a las autoridades españolas que adopten las medidas oportunas, en cumplimiento de las normales legales internacionales, para garantizar que las personas responsables de actos de tortura y otros malos tratos son sancionados adecuadamente en todos los casos. Antecedentes Los hechos datan de 1997, cuando cuatro agentes de la Policía Local de Vigo arrestaron a Mamadou Kane, un vendedor ambulante senegalés, que declaró que en lugar de llevar a la Comisaría para comprobar su identidad, lo condujeron a una zona próxima al campus de Marconsende, donde lo golpearon, profirieron insultos racistas contra él, le amenazaron de muerte y le dijeron que iba ser expulsado de España si insistía en presentar una denuncia contra la Policía. El caso llego a los juzgados y, el 19 de abril de 1999, la Audiencia provincial de Pontevedra condenó a los cuatro agentes a penas de privación de libertad por detención ilegal. Asimismo, a dos de ellos también los condenaba por malos tratos. Para lo que no hubo pruebas suficientes fue para demostrar que los agentes hubiesen proferido insultos racistas contra el afectado, explica Amnistía Internacional. Por estos hechos, uno de los policías fue condenado a cuatro años de prisión, y los otros tres a penas de tres años. También fueron inhabilitados entre ocho y diez años para ocupar cargos públicos. Asimismo, la condena obligaba a abonar una indemnización a Mamadou Kane. Pese a esto, el Consello de Ministros indultó a los cuatro agentes en 2005.