La Lei de protección afecta en mayor medida a Lugo y menos a Pontevedra
04-02-2008
La próxima semana se cumple un año desde que el Gobierno gallego dio el visto bueno al proyecto de Lei de medidas urxentes de protección do litoral de Galicia, que nació con la intención de acabar con "o todo vale" y evitar la "marbellización" de la costa gallega. La normativa no entró en vigor hasta tres meses después, tras su aprobación por el Parlamento, y en todo momento estuvo acompañada por la polémica y las críticas de unos y otros sectores.
Ocho meses después de la implantación de esta regulación, que estableció la prohibición transitoria de construir en los 500 metros del litoral, excepto en suelo urbano consolidado, pocos concellos han conseguido librarse de esta moratoria, por no decir ninguno. Y es que, ya entonces sólo A Pobra do Caramiñal (A Coruña) tenía su planeamiento urbanístico, aunque de forma parcial, adaptado a la legislación vigente, la Lei do Solo de 2002.
Actualmente, nada más que cuatro concellos, del total de 83 que se vieron afectados, están en vías de conseguir esta adaptación, lo que supone que automáticamente la Lei de protección dejará de estar vigente en su territorio, y por lo tanto la moratoria para la construcción en la costa.
Se trata de los concellos de Vigo, Vilanova de Arousa, y Moaña, en Pontevedra, y Muxía, en A Coruña. Estos municipios tienen sus planeamientos urbanísticos en la última fase de tramitación, esperando a la aprobación definitiva por parte de la Consellería de Política Territorial, que dispone de un plazo de tres meses para dar el visto bueno final, una vez que cuenta con toda la documentación precisa.
Desde este mismo departamento de la Xunta se señala que "a mellor estratexia" para que se levante la suspensión cautelar para nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros es "a aprobación dos respectivos PXOMs" porque así "se adaptarán á lexislación vixente".
Por parte del sector, tanto la construcción, como los promotores o las inmobiliarias, hay una postura unánime a la hora de recriminar que esta prohibición de construir en la costa se implantase de forma generalizada, en vez de por zonas, y coinciden en denunciar los efectos negativos que ha tenido en la actividad.
El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Eligio Nieto, considera que la ley se podría "haber mejorado" para permitir construir ordenamente "sin paralizar al cien por cien la construcción en el litoral". Asegura que "todos queremos" estas medidas de protección de la costa, pero "no metiendo en el mismo baúl" a todos los concellos.
Lugo y Pontevedra
Por su parte, el secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga), Juan José Yáñez, aseguró a AGN que la Lei de Protección do Litoral ha tenido "una incidencia muy importante" en el sector. Además, advierte de que este parón en la construcción costera, y la consiguiente "detracción de la demanda", derivará "sin duda" en el cierre de empresas y despidos.
Aunque es pronto para evaluar el impacto de la normativa, Yáñez dice que "la zona más perjudicada" es la Mariña lucense, porque es un litoral que contaba con "menor grado de urbanización" y estaba viviendo un auténtico "boom inmobiliario" que ahora ha sido paralizado.
Por su parte, la provincia de Pontevedra es la menos afectada por esta situación, ya que era una zona "más consolidada" en cuanto a la edificación en la costa y no contaba con tantas posibilidades de desarrollo como Lugo. Después hay otros casos puntuales, como la Costa da Morte, en A Coruña, que también estaba viviendo un cierto despegue.
Ante esta situación, desde la Federación de Promotores reclaman que la prohibición "se acabe cuanto antes", lo que pasa bien por la adaptación de los planes urbanísticos a la normativa vigente, o bien por la aprobación del Plan de Ordenación do Litoral, que establecerá los criterios, principios y normas generales para la ordenar el urbanismo en la zona litoral.
En este sentido, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aseguró el jueves pasado que "estamos dentro do prazo" y desde Política Territorial se están "acelerando ao máximo os traballos" para contar con esta planificación cuanto antes.
Pero más allá del descenso de la actividad en la promoción de viviendas, Juan José Yáñez habla de otras consecuencias como la "depreciación tremenda" del terreno, con el efecto que esto tiene para los pequeños propietarios, o el "perjuicio de imagen" para Galicia, ya que cree que se transmitió la impresión de que "esto es como el Mediterráneo" a nivel urbanístico.
"Período de adaptación"
Sin embargo, desde la Asociación Gallega de Gestores Inmobiliarios no temen consecuencias a largo plazo a causa de la Lei de Protección do Litoral. Su presidente, Ángel González, manifestó a AGN que habrá un "período de adaptación" a este cambio, para que los clientes se acostumbren "poco a poco" a que las viviendas están un poco más lejos de la costa.
Aunque no cuenta con datos exactos sobre el impacto que tendrá en las ventas, por el momento lo que parecen no haber variado son los precios. En principio el coste de las viviendas en la costa se mantiene sin "ningún incremento" en lo que respecta a obra nueva, ya que "no tenemos ningún indicador en ese sentido", a falta de los datos de cierre del ejercicio, que no llegarán hasta la primavera.
El representante de las inmobiliarias sí habla de una "ralentización del volumen de ventas en la costa" porque la mayoría de los clientes que optan a la compra en la comunidad gallega lo hacen por proximidad de las viviendas al litoral, y en este sentido "éramos una de las zonas más demandadas".
Pero también apunta que no sólo es la proximidad al mar lo que atrae a los compradores a Galicia, sino "el entorno, la gastronomía, calidad de las playas, todo en su conjunto".
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