¿Recaudación o prevención de accidentes? Este es, en resumen, el eterno debate que enfrenta a los defensores y detractores de la instalación de radares en la comunidad gallega y más allá. A día de hoy, y en este contexto, son muchos los conductores que defienden que la Dirección General de Tráfico tiene un afán recaudatorio; mientras la DGT avala la instalación de radares fijos aludiendo a la necesaria reducción de la siniestralidad vial. Con el descontento de unos, ya en 2005 se puso en marcha el Plan de Instalación de Radares Fijos, que verá su continuidad este 2008, de acuerdo con el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 29 de noviembre de 2007, que anunciaba la adjudicación, mediante concurso, de las obras de instalación de nuevos cinemómetros en la zona del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste por un importe superior a los 1,4 millones de euros. Desde la Dirección General de Tráfico, en Madrid, eluden aportar ningún tipo de información al respecto, pues aseguran que el número de radares y su ubicación son informaciones que se harán públicas en el futuro y en rueda de prensa. Por su parte, también el responsable de la DGT en Galicia, Pedro José Pastor del Castillo, ha rehusado hablar con AGN. No obstante, algunas jefaturas provinciales sí han aportado algunos datos y las propias agrupaciones de conductores han realizado diferentes averiguaciones que permiten avanzar donde estarán colocados estos dispositivos que aspiran a controlar la velocidad de los vehículos a su paso por los puntos seleccionados. En total, se han contabilizado unos 18 puntos donde se prevé o se ha hecho efectiva la instalación de cabinas, que se distribuyen de forma diferente por las cuatro provincias gallegas (siete en A Coruña, cinco en Pontevedra y tres en Lugo y Ourense, respectivamente). En todo caso, los radares fijos no son el único sistema que se prevé implantar en 2008 para establecer más controles sobre la velocidad de los conductores. También este año está previsto implantar en Galicia -en el primer semestre- un sistema que controlará la velocidad media por tramos en autopistas, vías rápidas y autovías. Por el momento no han trascendido los puntos en los que se ubicarán, pero sí se sabe vigilarán trayectos de entre 5 y 10 kilómetros. El funcionamiento del sistema se realiza mediante dos cámaras, que grabarán las matrículas de los vehículos entre dos puntos. Cuando el coche llega al punto final del tramo, se determinará la velocidad media a la que pudo haber circulado y, si se sobrepasan los límites establecidos legalmente, el conductor será sancionado. La ubicación de los nuevos radares En A Coruña se prevé la instalación de siete radares fijos. De dos de ellos se ignora la ubicación, si bien otros se colocarán, según la información facilitada a AGN por diferentes colectivos de conductores, en el kilómetro 677 de la N-634; otro a la altura del puente de A Pasaxe (kilómetro 4,5); otro en el kilómetro 4,3 de la FE-14; otro en la AC-12 (kilómetro 5,4) y otro en la AC-840. En Pontevedra serán unos cinco radares, que se instalarán en los kilómetros 9 y 10,200 de la A-55 en el Alto de Puxeiros; también en al salida Norte de Pontevedra de la AP-9 (km 131); en la N-550 a su paso por Redondela y Mos y en la PO-510. Tanto en Ourense como en Lugo, se instalarán tres radares fijos, respectivamente. En la A-52 (Ourense) se colocarán dos, en los kilómetros 194 -Xinzo- y 251 -Ribadavia-; mientras el tercero irá para la N-541, que une Barbantes con Carballiño, y se prevé que se ubique a la altura de Punxín. Ya en Lugo, la N-120 en el kilómetro 533,500 parece ser uno de los lugares seleccionados; al igual que el kilómetro 15 de la LU-541 y el 91,5 de la LU-862. Radares, no siempre para reducir la siniestralidad La noticia de la instalación de radares en 2008 no es un secreto para los colectivos de conductores que, mediante foros de internet, se pusieron manos a la obra hace meses intentando dar con la localización de estos futuros radares, dado que aunque ?tienen un plazo de seis meses para colocarlos?, apuntaban, todos están seguros de que en esta ocasión ?se darán prisa? para activarlos cuantos antes e incrementar el número de multas por exceso de velocidad que llegan a los centros de gestión. La desconfianza, en el caso de los conductores, es manifiesta y, en algunos casos, está basada en datos que, a su juicio, indican que el fin de los radares no siempre se reducir la siniestralidad. Al menos, esa es en cierto modo la visión de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que asegura que en el ámbito estatal únicamente el 34% de ?los puntos de control de la velocidad instalados cumple con el requisito de estar en un punto negro?. En el caso de Galicia, el resultado es peor, de acuerdo con un informe elaborado por este colectivo, que constata que únicamente el 20% de los radares se ubican en puntos negros, situándose entre las tres comunidades con menor coincidencia. Esto es, que sólo dos de cada diez puntos fijos de control de velocidad están ubicados en una zona de alta concentración de accidentes de tráfico. El análisis provincial también aporta diferencias, pues mientras en A Coruña la coincidencia es del 30% (hay 22 puntos negros y 10 radares y tres de ellos están en las zonas de más siniestralidad); en Ourense hay un 0% (existe un punto negro y seis radares). En el caso de Lugo, se da la circunstancia de que teniendo siete radares y otros tantos puntos negros, únicamente de los puntos fijos de control de velocidad se ubican en las zonas de mayor peligro de accidentes. Por su parte, Pontevedra registra un porcentaje similar al de A Coruña (28%). En este caso, dos de los siete radares distribuidos por la provincia están ubicados en alguno de los cinco puntos negros. A estos datos, se suma otro informe, elaborado en este caso por RACC Automóvil Club, que indica que Galicia es una de las comunidades (tras Asturias y junto con Aragón), donde existe un mayor riesgo de sufrir un accidente de tráfico, pues el 13% de los tramos de la comunidad es negro. Además, Galicia sitúa a dos de sus provincias en el ranking de las diez con mayor riesgo de España a este respecto. Así, el 21% de los tramos de Lugo tienen un muy elevado riesgo de siniestralidad (la segunda provincia, tras Huelva, con un 29%). En A Coruña, que ocupa un séptimo lugar en este ranking, el porcentaje es inferior: 15%.