12-02-2008
El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, criticó esta mañana en Santiago que los anteproyectos de la Lei de Vivenda y de la Lei de Servizos Sociais se definiesen sin contar con la opinión de los ayuntamientos. Ante esta situación, el también alcalde de Ames aseguró que las corporaciones locales defenderán "con contundencia" sus derechos.
Con respecto a la Lei de Vivenda, que vinculó con el Decreto de Habitabilidade y la Lei de Medidas Urxentes en materia de Vivenda, Fernández lamentó que el diálogo con la consellería gestionada por Teresa Táaboas es "polo momento, imposible".
Sobre la obligatoriedad de reservar un 40% de todos los planes urbanísticos a pisos protegidos, el presidente de la Fegamp sostiene que es una medida "desaguisada e desproporcionada". "Que quede claro que non estamos en contra en absoluto, pero ten que ser unha porcentaxe en conxunto, non necesariamente en cada sector", afirmó. Con respecto al Decreto de Habitabilidade, indicó que hace "casi imposible" la habitual estructura de "manzana cerrada".
El máximo representante de los ayuntamientos gallegos considera que estas decisiones anunciadas por Vivenda afectan "á capacidade normativa dos concellos". "Esperemos que a partir de agora exista un maior desexo por escoitar as nosas opinións, botamos en falta un marco de diálogo coa consellería", apuntó Fernández.
La Fegamp le ha enviado un documento por escrito a Teresa Táboas con sus sugerencias y el organismo está a la espera de su respuesta. La Federación estima que la postura de la Administración autonómica supone en ocasiones "un atentado" a la capacidad de los ayuntamientos. En opinión de Fernández, se les sigue considerando varios escalones por debajo de la Xunta en cuestiones fundamentales para la vida de los municipios.
Servizos Sociales
El otro anteproyecto que ha disgustado a la Fegamp es el de la Lei de Servizos Sociais, "que botouse a andar sen contar cos concellos". "O día 30 de xaneiro publicouse o texto no DOG, cun periodo de 15 días para facer alegacións, non sei se están pensadas para nós esas dúas semanas", sostiene Carlos Fernández.
Como consecuencia de esta situación, el presidente de la Federación le ha enviado una carta "cordial e afectuosa" al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, en la que le muestra la "inquedanza" de los municipios gallegos por el anteproyecto.
El texto obliga a los ayuntamientos a destinar un 7% de sus presupuestos a servicios sociales, "pero nos cremos que non é un problema de porcentaxes, porque todos excedemos desa cifra", afirma Fernández.
El presidente de la Fegamp considera que Vicepresidencia emite normas "cun punto de vista unilateral, sen contar cos concellos e non é de recibo, xa está ben de escoitar que só estamos interesados no ladrillo e no hormigón, non se pode interferir desta maneira na nosa xestión". "O que fan é en ocasións un atentado contra a autoridade municipal", sentenció de nuevo.
"Non son respectuosos co poder local", añadió Fernández, que no cree que sea un problema exclusivo de las áreas de Gobierno del BNG en la Xunta, como son los casos de Vicepresidencia y Vivenda. Reconoció además que los portavoces nacionalistas en la Comisión Executiva de la Fegamp habían realizado determinadas objeciones a las críticas a ambos departamentos de San Caetano.
En la reunión celebrada esta mañana, también se trató una futura reunión con los responsables de la Dirección Xeral de Protección Civil para distribuir de una manera más justa y equilibrada los Grupos Municipales de Intervención Rápida (Grumir), sobre todo en las provincias de Lugo y Ourense.
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