La decana de la Facultad de Económicas, María Teresa Cancelo Márquez, va a presentar una solicitud formal al Rectorado de la Universidade de Santiago para que la organización AGIR sea eliminada del registro de asociaciones de estudiantes de la USC. Cancelo solicita retirarle a la organización todos los privilegios dentro de la Universidad, como sanción por convocar el boicot de la conferencia de la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil. De hacerse efectiva esta decisión, AGIR quedaría sin ninguna representatividad entre el estudiantado, se le retirarían todas las subvenciones o ayudas y no podría emplear los locales de los campus. La decana de Económicas solicitará además la expulsión de los estudiantes que participaran directamente en el intento de agresión a San Gil y a su escolta. Además, Cancelo presentó una denuncia en las dependencias de la policía, por lo que se abrirá un proceso judicial sobre el incidente. El decanato está elaborando un informe solicitado por el Rectorado de la Universidad sobre los hechos acontecidos ayer en la Facultad de Económicas. Cancelo confirmó que junto con este documento, presentará la petición formal para la expulsión de estos estudiantes y de la asociación AGIR. Por su parte, desde la organización niegan su participación en ningún "acto de violencia gratuíta e preparada meticulosamente". Matizan que AGIR "non convocou ningún acto, senón que organizou entre a súa militancia un boicot, que non tería sido o mesmo sen a presenza de decenas de estudantes non adscritos a AGIR". Decisión del Rectorado Desde el gabinete de prensa de la USC confirman que el Rectorado decidirá las sanciones oportunas a los estudiantes en función del informe de los hechos que le sea presentado por el Decanato de Económicas. Matizan que en primer lugar se tiene que identificar a los alumnos participantes en el boicot, ya que no todos ellos eran estudiantes de la USC, y en segundo lugar demostrar su participación directa en los enfrentamientos. Si se comprueba la agresión, la Universidad decidirá entonces las sanciones aplicables, que podrían abarcar desde la prohibición de realizar los exámenes finales, la suspensión de clases por un período de tiempo, o la expulsión. Matizan que por lo de ahora "está todo moi no aire" y que las decisiones se valorarán nos próximos días dependiendo del informe del Decanato.