Feijoo insta a Touriño a "suspender cautelarmente" a Caride de su capacidad de contratar obra pública
La conselleira defiende a los técnicos y tilda de "electoralista" la querella del PP
El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, instó al titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a "suspender cautelarmente" a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, de su capacidad de contratar obra pública hasta que el juez resuelva sobre la supuesta prevaricación en la adjudicación de la Autovía do Barbanza. Núñez Feijoo realizó estas declaraciones después de que el Juzgado Número 2 de Santiago admitiese a trámite la querella presentada por los populares a principios de este mes. Tras participar en un acto de igualdad organizado conjuntamente por el PP y el PSD de Porto, el líder de los populares gallegos advirtió que Caride no cuenta con la "confianza" suficiente para "contratar un só euro" de infraestructuras. Feijoo recordó que un juez ha citado a declarar a cuatro altos cargos de la Consellería en calidad de imputados y pidió a Pérez Touriño que delegue la capacidad de contratación de Caride en otros miembros de la Xunta o en la Asesoría Jurídica. A su juicio, Touriño debería actuar "con prudencia" y dar esta orden hasta que el juez dicte sentencia ya que, según Feijoo, la "soberbia" del máximo mandatario gallego le impedirá cesar a la conselleira. Una vez más, el dirigente popular se refirió a la "gravedad" de los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión judicial y recordó que la adjudicación de la Autovía do Barbanza a Sacyr supuso un "sobrecoste" de 30 millones para la comunidad gallega. "Non estamos falando de 5 euros, senón de 30 millóns", reiteró. Por otra parte, Feijoo subrayó que el PPdeG acatará la sentencia del juez sea cual sea su contenido y lamentó que la negativa del Gobierno y de los grupos que lo apoyan en la Cámara gallega a impulsar una comisión de investigación sobre este asunto haya obligado a los populares a recurrir al poder judicial para que "clarifique" la adjudicación. "Polo momento, o auto que admite a trámite a denuncia é demoledor", apostilló. Querella electoralista Por su parte, María José Caride reiteró en Muros la disposición de su departamento a colaborar con la Justicia para ratificar la "corrección" del proceso de adjudicación de la infraestructuras. Preguntada por los periodistas, la conselleira subrayó que "nós somos os máis interesados" en que se resuelva una situación "que está perxudicando gravemente a honorabilidade e profesionalidade dos técnicos da Consellería". Caride insistió también en que la querella presentada por el PP es "totalmente electoralista" y recordó que los populares materializaron la denuncia en plena precampaña cuando las obras fueron adjudicadas hace dos años, en concreto, el 10 de febrero de 2006. En su opinión, la querella nace con una "clara intencionalidade política" y desde un partido que "non ten ningunha idea nin proxecto para Galicia". Además, defendió la "profesionalidade e honorabilidade" de los técnicos de su departamento insistiendo en que la obra fue adjudicada "á mellor oferta técnica e económica". Por eso, criticó las "manipulacións" del PP y reiteró que a los gallegos "non lles vai custar máis" la Autovía do Barbanza. No obstante, Caride advirtió que las obras importantes "non só deben responder a criterios económicos", sino a la combinación de las perspectivas financieras y de calidad. "Pero parece que o PP lle quere poñer prezo á vida da xente", acusó la conselleira y concluyó que "non me sorprende, porque estamos acostumados a actuacións electoralistas deste tipo". Supuesto delito de prevaricación El Juzgado Número 2 de Santiago admitió a trámite y decidió abrir diligencias previas sobre la querella presentada a principios de febrero de 2008 por el PPdeG con motivo de la supuesta prevaricación en la adjudicación de las obras de la Autovía do Barbanza. El auto judicial determina también que cuatro miembros de la Xunta deberán declarar en calidad de imputados los próximos 4 y 5 de marzo. Se trata del director xeral de Obras Públicas, Manuel Morato Miguel; el director xeral de Política Financiera e Tesouro de la Consellería de Economía e Facenda, Eugenio García Lalinde; el subdirector xeral de Estradas, Antonio López Blanco; y la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de A Coruña, Teresa Palacios. La decisión se produjo al observar el juez indicios de supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, negociaciones prohibidas de funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.