El Parlamento exige por unanimidad al Gobierno central que mantenga la tarifa nocturna

El BNG insiste en que el PP ha cambiado de postura por motivos electorales

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una iniciativa en la que insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para que mantenga la tarifa nocturna y facilite una moratoria de seis meses, a partir de julio, a aquellos usuarios que deseen pasar de esta tarifa a la denominada Discrimación Horaria, de aplicación precisamente a partir de ese mes. Fruto de la transacción de la iniciativa impulsada por el BNG y de las enmiendas aportadas por socialistas y populares, la proposición no de ley aboga también por una revisión "á baixa" de los términos de energía de ambas tarifas antes de julio de 2008, con el objetivo de que facilite la "recuperación dos investimentos por parte dos consumidores". Asimismo, la Cámara insta a exigir al Ministerio de Industria la creación de líneas de subvención para los costes de adaptación de los equipos de los usuarios de la Tarifa Nocturna a la tarifa establecida por la nueva normativa estatal y advierte que los "dereitos de acometida" por cambio tarifario deberán ser "con cargo íntegro" a las compañías distribuidoras. Por último, los grupos solicitan que el Gobierno central preste su "plena colaboración" -especialmente en los ámbitos financiero y técnico- a la Xunta para el desarrollo de campañas divulgativas y de asesoramiento que faciliten a los usuarios una "mellor xestión" del consumo eléctrico. Durante la exposición de motivos, el diputado nacionalista Fernando Blanco recordó que la normativa impulsada por el Gobierno central a finales del pasado año implica la desaparición de la Tarifa Nocturna, "obrigando" a los clientes que se acogían a la misma a contratar una nueva potencia "superior" a la que tenían en el consumo de las horas punta y a un "incremento" del precio sobre el consumo, pasando de un recargo "do 3 a un 35%". Además, subrayó que los usuarios se verán obligados a correr con los gastos que suponga la modificación de las instalaciones actuales. "Curioso efecto" de las elecciones Tanto el PP como el PSdeG coincidieron en reconocer que el cambio tarifario perjudicará a los consumidores gallegos que contaban con la Tarifa Nocturna, aunque en distinto grado. Así, el socialista Manuel Gallego Lomba insistió en dialogar para "chegar entre todos a un acordo polo interese dos usuarios galegos". Por su parte, Bernardo Tahoces manifestó estar harto de "hipocresías" y recordó que "unha parte do Goberno -BNG- ve lesiva a supresión da Tarifa Nocturna mentras a outra -PSdeG- parece que tamén, pero en Madrid deféndea". No obstante, apeló al "interese xeral" de Galicia y pidió a socialistas y nacionalistas una posición "firme" a favor de su mantenimiento. Finalmente, Fernando Blanco aceptó transaccionar las enmiendas de los grupos, no sin manifestar su sorpresa por el "curioso efecto das eleccións" que, en su opinión, ha producido un cambio de postura en el PP, aludiendo a anteriores resoluciones en las que "non pedían para nada o mantemento da Tarifa nocturna". "Pero claro, viron ao conselleiro de Industria e ao BNG e como están as eleccións ás portas dixeron, ¡nós tamén á esquerda!", apostilló. Sector pesquero Por otra parte, PSdeG y BNG rechazaron una iniciativa presentada por los populares, en la que, entre otras medidas, se instaba a la Xunta a revisar la normativa vigente sobre la asignación de tripulaciones mínimas, adecuándola al actual sistema de formación de los tripulantes. Con ella, el PP pretendía también impulsar un estudio que valorase la viabilidad de recuperar la posibilidad de que un marinero pudiese "facer carreira profesional" a bordo de un buque llegando incluso "a mandar un barco ou a súa máquina". Con estas propuestas, los populares pretendían paliar la supuesta ausencia de titulados náutico-pesqueros que hace difícil completar las tripulaciones mínimas de los buques, necesarias para salir a faenar y que constituye una de las cuestiones que "máis preocupación" provocan en el sector pesquero gallego. Socialistas y nacionalistas reconocieron que este problema existe y se mostraron a favor de modificar la normativa para hacerle frente. No obstante, se opusieron a las propuestas del PP de "reducir tripulación" y "precarizar a formación", considerándolas "un paso atrás".