La Abogacía del Estado presenta al Supremo nuevas pruebas que vinculan a PCTV y ANV con Batasuna

La Abogacía del Estado presentó ante la Sala 61 del Tribunal Supremo sendos escritos en los que aparecen nuevas pruebas de la vinculación existente entre los partidos PCTV y ANV con la ilegalizada Batasuna, procedentes de informes policiales remitidos al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los pasados 7 y 13 de febrero. Los datos policiales fueron recabados con posterioridad a la presentación de las demandas de ilegalización instadas contra ambos partidos por esta parte y por la Fiscalía. "La trascendencia de la documentación aportada es evidente", según los servicios jurídicos del Estado, que solicitan por ello la incorporación de los citados informes a la causa de forma inmediata, dada la "necesidad de garantizar las máximas posibilidades de defensa para la parte demandada". De este modo, las nuevas pruebas podrán ser conocidas con anterioridad a la contestación de la demanda por la defensa de PCTV y ANV. Fuentes del alto tribunal señalaron que lo más probable es que esta ampliación de la demanda inicial de la Abogacía del Estado conlleve un retraso en los plazos inicialmente previstos para que presenten sus escritos de contestación tanto PCTV como ANV, que eran inicialmente de 20 días, según la Ley de Partidos. En todo caso, la decisión de dar más tiempo a las partes tendrá que ser acordada por la Sala, que no reunirá antes de principios de la semana que viene. Por lo que se refiere al PCTV, el informe remitido a Garzón por la Comisaría General de Información de la Policía el pasado 7 de febrero incluye vigilancias a las puertas de la sede de PCTV en el polígono Belartza de San Sebastián que demostrarían que los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna han estado utilizando este local como su base habitual. Se aporta también el contenido de los SMS remitidos entre los responsables de comunicación Juan José Petrikorena (Batasuna) y Peio Xabier Gálvez (PCTV) donde se pone de manifiesto que utilizaban dicha sede para el intercambio de información. También se incluyen nuevos datos que refuerzan lo ya denunciado sobre las conexiones económicas entre PCTV, ANV y Batasuna, a modo de caja única, como el hecho de que la segunda solicitara a La Caixa tres préstamos para financiar sus gastos a las elecciones locales de 2007. En dichos préstamos aparece como garante PCTV, a pesar de que el prestatario formal era ANV, a lo que se añade que la cancelación de la garantía de dicho préstamo permitió al PCTV realizar transferencias internacionales con destino a Bélgica y Francia, "para financiar la actividad internacional de Batasuna", según los Servicios Jurídicos del Estado. Se agregan datos sobre la transferencia de varias partidas por un total de 27.000 euros realizada desde el PCTV a determinados miembros de la mesa Nacional de Batasuna, así como otras realizadas hacia los mismos destinatarios desde las cuentas del grupo parlamentario del PCTV por valor total de 440.0000 euros. Estos últimos envíos se realizaron, además, con posterioridad al registro realizado en dicha sede por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la responsabilidad penal de todos estos grupos. Según esta parte, los citados pagos no pueden obedecer a verdadera relación laboral entre determinados miembros de Batasuna y el PCTV "dado que tienen una cierta relevancia económica y dicha relación es muy corta en el tiempo". Además se realizaron mediante reintegros en metálico "para impedir su rastreo". En un segundo informe, de fecha 13 de febrero, la Policía acredita el uso de la sede del PCTV para los fines propios de Batasuna. En el registro de la sede del PCTV aparecieron facturas por el alquiler de dos hoteles en los que miembros de la ilegalizada Batasuna dieron sendas ruedas de prensa los pasados 19 de diciembre y 11 de febrero. Es de destacar que esta última comparecencia se produce una vez ya presentadas las demandas de ilegalización y decretada por Garzón la suspensión de actividades del partido. En dicho registro se encuentra, entre otros, un documento orgánico de la Mesa Nacional de Batasuna, en el que se asignan funciones y responsabilidades concretas a cada uno de sus miembros.