Vicepresidencia mantiene la imposición del 7% del gasto local a servicios sociales, pese a la oposición de los alcaldes de PSdeG y PP

Vicepresidencia de la Xunta y la Fegamp no llegaron a un acuerdo para modificar el artículo 48 del anteproxecto de Lei de Servizos Sociais, que recoge la obligatoriedad de que todos los ayuntamientos gallegos de más de 20.000 habitantes destinen el 7% de sus presupuestos anuales a la "creación, mantemento, xestión e desenvolvemento dos servizos sociais da súa competencia". Estos municipios de más 20.000 habitantes tienen ya la obligación de prestar servicios sociales, según recoge la Ley de Bases de Régimen Local del Estado. Lo que hace la futura Lei de Servizos Sociais de Galiza es fijar un porcentaje de inversión, como ya tienen los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes desde la aprobación, en 1993, de la anterior Lei galega de Servizos Sociais. En la reunión de la Comisión Galega de Cooperación Local, órgano permanente de colaboración para la coordinación entre la Administración autonómica y las entidades locales galegas, se informó favorablemente sobre el texto del anteproyecto, pero se registró un voto discrepante al citado artículo 48. Este polémico punto salió adelante por el apoyo de los representantes del BNG en la Fegamp y de todas las consellerías de la Xunta de Galicia, pero registró un voto particular en contra por parte de los representantes de PPdeG y PSdeG en la Federación Galega de Municipios e Provincias. El presidente de la Fegamp y alcalde de Ames, Carlos Fernández, valoró tras la reunión los avances producidos con Vicepresidencia en relación al anteproyecto inicial, pero afirmó que la organización municipalista sostiene con la misma contundencia su discrepancia con la imposición del 7% de porcentaje presupuestario que los ayuntamientos deben destinar a los servicios sociales. En este punto, considera que se produce una injerencia en la autonomía local. En referencia al plazo de negociación que se había abierto desde la última junta de la Comisión Galega de Cooperación Local, Fernández considera que "este tempo que nos demos non foi estéril, xa que unha maioría das consideracións da Fegamp foron recollidas no articulado do proxecto lei". Sin embargo, matiza el alcalde de Ames, "seguimos tendo unha discrepancia de fondo, que os concellos consideramos unha cuestión de principios". Para la Federación Galega de Municipios e Provincias, explica su presidente, "este feito supón unha invasión de competencias e unha inxerencia grave na autonomía local". La pretensión de imponer "un porcentaxe do orzamento determina a acción de Goberno e limita a autonomía dos concellos sobre os seus orzamentos anuais", aclara el alcade de Ames. Advierte, que, de extenderse esta práctica a otros departamentos autonómicos, "porcentaxe a porcentaxe acabarían repartíndose virtualmente o orzamento municipal". En base a estos argumentos, el anteproyecto de Lei de Servizos Sociais contó con el dictamen favorable en su conjunto de la Comisión Galega de Cooperación Local, pero con el voto negativo en lo relativo a la imposición de porcentajes de inversión presupuestario. Los ayuntamientos galledos de menos de 20.000 habitantes "teñen xa a obriga da prestación de servizos sociais, segundo se recolle na Lei de Bases de Réxime Local do Estado", asegura Vicepresidencia en un comunicado hecho público esta misma tarde. "Para as entidades locais de menos de 20.000 habitantes, o texto mantén as mesmas obrigas que xa establecía a Lei de 1993, cunha porcentaxe do 6% do orzamento, sendo do 4% se estas entidades de menos de 20.000 habitantes se asocian para o mellor exercicio das súas competencias en materia de servizos sociais", añade la nota. Tras la reunión de ayer, la Xunta de Galicia se corresponsabiliza con los municipios gallegos en el cumplimento de estos objetivos, con la incorporación en el texto de un último punto para el artícuo 48 en el que se recoge que "a Xunta prestará especial atención aos municipios nos que concorran circunstancias debidamente acreditadas que revelen dificultades obxectivas para o cumprimento das obrigas de consignación orzamentaria establecidas nos parágrafos anteriores, garantindo a súa suficiencia financeira para o exercicio das súas competencias en materia de servizos sociais ou asegurando a súa prestación a través de fórmulas de cooperación interadministrativa?. "Nin frenar nin evitar" El socialista Carlos Fernández siempre ha dejado muy claro que no quieren "frenar nin evitar" la Lei de Servizos Sociais, a la que dirigieron duras críticas durante los pasados días, sino que pretenden que "respecte a autonomía local" y sea "máis consensuada" con los ayuntamientos de la comunidad autónoma. El regidor de Ames aclaró que desde la agrupación de concellos la intención no fue "nunca cuestionar a necesidade e pertinencia" de una ley sobre servicios sociales, después de 15 años con la misma normativa, pero insistió en que debe de respetar la autonomía local y ser consensuada a nivel municipal. Por parte de Vicepresidencia, Anxo Quintana considera que algunos alcaldes de Galicia, "sobre todo do PSdeG, equivócanse porque siguen a estratexia do PP que ten interés en frear o cambio". Además, el dirigente nacionalista recuerda que "a actual lei establece un 6% de investimento" en esta materia para los municipioss, mientras en el anteproyecto redactado se eleva en un 1% ese porcentaje. Es un aumento que realizan porque "somos transformadores, pero non tolos nin radicais", al mismo tiempo que se pregunta por los motivos por los que hasta ahora "non había queixas". La Fegamp y el BNG mantienen otro conflicto abierto por la oposición de los alcaldes a la Lei de Vivenda. Carlos Fernández lamenta que el diálogo con la consellería gestionada por Teresa Táaboas es "polo momento, imposible". Sobre la obligatoriedad de reservar un 40% de todos los planes urbanísticos a pisos protegidos, el presidente de la Fegamp sostiene que es una medida "desaguisada e desproporcionada". "Que quede claro que non estamos en contra en absoluto, pero ten que ser unha porcentaxe en conxunto, non necesariamente en cada sector", afirmó. El máximo representante de los ayuntamientos gallegos considera que estas decisiones anunciadas por Vivenda afectan "á capacidade normativa dos concellos". "Esperemos que a partir de agora exista un maior desexo por escoitar as nosas opinións, botamos en falta un marco de diálogo coa consellería", apuntó recientemente Fernández.