El PPdeG advierte de que peligran cerca de 500 empleos en el sector del mar
29-02-2008
Los tres grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica (PPdeG, PSdeG y BNG) instaron al Gobierno central a que suavice la situación económica de las 40 empresas que todavía no cobraron las indemnizaciones del Prestige, mediante la refinanciación de los créditos oficiales que estas empresas recibieron en su momento.
A través de una proposición no de ley presentada por el PPdeG en la comisión de Economía, el Parlamento gallego recuerda que cerca de cuarenta empresas y entidades de la comunidad -como algunas cofradías- todavía no han recibido las indemnizaciones tras la catástrofe del petrolero, pese a que el Prestige se hundió en la costa gallega en noviembre de 2002.
Asimismo, la proposición también demanda al Ejecutivo central que tenga en cuenta un informe encargado por la Consellería de Innovación, en el que se realiza una valoración de las pérdidas de algunas empresas del sector de comercialización.
Según explicó el diputado del BNG, Carlos Aymerich, la práctica totalidad de las empresas ya cobraron las correspondientes ayudas porque aceptaron el sistema de peritaje, que les obliga a renunciar a posibles reclamaciones posteriores aunque no estén de acuerdo con los resultados de esa valoración. Esta labor de peritaje la realiza el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Sin embargo, un número reducido de empresas gallegas "dixeron que non" a este sistema porque "estas ordes de axudas son unha chantaxe", lo que les ha impedido cobrar las indemnizaciones abonadas por el Gobierno central. En concreto, se trata de empresas vinculadas al mercado minorista, la exportación de pescado o la acuicultura, entre otras actividades, recordó la diputada 'popular', Beatriz Mato.
Por esta razón, algunas de estas compañías se están encontrando con dificultades para afrontar el pago de los créditos oficiales que sí recibieron tras el hundimiento del Prestige. Según Mato, las empresas "non poden facer fronte aos créditos do ICO", lo que significa que "máis de 50 empresas e 500 empregos están abocados ao peche".
En concreto, la Administración central ha fijado el 31 de marzo como fecha límite para que las empresas afectadas refinancien la deuda pendiente, aunque esta opción sólo se permite en la mitad de la cantidad a devolver. Por ello, el Parlamento reclama que el Gobierno central permita refinanciar la totalidad de la deuda mientras que las empresas no cobren las indemnizaciones.
Pocas empresas por cobrar
Por su parte, el diputado socialista Xaquín Fernández Leiceaga insistió en que "apenas quedan empresas sen cobrar" las correspondientes ayudas, aunque mostró su apoyo a facilitar "solucións transitorias" a las empresas afectadas. En todo caso, insistió en que el sistema de indemnizaciones "parece ser globalmente satisfactorio" ya que "serve para resolver a maior parte dos problemas".
Además, Fernández Leiceaga recordó que el Gobierno gallego "ten feito accións" para mejorar la evaluación de los posibles repercusiones económicas del hundimiento del Prestige, como las realizadas por la Consellería de Pesca en el sector mejillonero. Con todo, subrayó que el método de ayudas "debe ser único", tanto para las empresas que lo aceptan como para aquellas que esperan a la evaluación de daños antes de cobrar.
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