La proposición de ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento
08-04-2008
El propio vicepresidente de la Xunta y diputado en el Parlamento gallego, Anxo Quintana, será uno de los encargados de defender en el Congreso la proposición de ley para reclamar la transferencia de las competencias de tráfico a Galicia. Junto con él, que va como representante del BNG, acudirán el viceportavoz del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, y el portavoz de Xustiza e Interior del PPdeG, Xesús Palmou, ex conselleiro en esta materia.
Así quedó decidido en el pleno del Parlamento, tras la aprobación por unanimidad de la iniciativa conjunta que elaboraron los tres grupos parlamentarios. Ahora este texto, una propuesta de ley orgánica para la transferencia del tráfico y la seguridad vial, tendrá que pasar por la aprobación del Congreso y el Senado, antes de que pueda ser efectivo el ejercicio de la competencia por parte de la comunidad.
Además, habrá una negociación con el Estado para que esta nueva potestad autonómica, de la que se encargará la Policía de Galicia, creada el año pasado, venga acompañada de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios.
Por eso, Fernández Leiceaga advirtió de que la competencia en sí "non é unha panacea se non ven acompañada de recursos e intelixencia" para gestionarlos adecuadamente. Así, destacó que la negociación que se abra con el Estado para determinar las condiciones concretas de la transferencia "é decisiva".
Por su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, aseguró que se da "un primeiro paso", pero aunque quedan muchos más, considera que "estamos no camiño correcto", porque si los tres partidos políticos "buscamos o que nos une, e elevamos esa unidade as Cortes Xerais, a esta país non hai quen o pare".
Palmou insistió en esta necesidad de que la unidad y el consenso entre los tres partidos se mantenga para la defensa de la iniciativa en las Cortes Generales, por lo que dijo que "agardamos que a dinámica de intereses de quen sigue gobernando en Madrid, e impediu ata agora esta transferencia, non impida agora a aprobación desta proposición de lei".
"Decisión histórica"
En este sentido, Aymerich también instó tanto al PSOE como al PP a "poñer por diante os intereses de Galicia" para que el texto salga aprobado tal y como se redactó en el Parlamento, sin que se le presentara ninguna enmienda, ya que hubo acuerdo desde el principio entre los tres grupos. A su juicio, este acuerdo unánime es "unha decisión histórica" por la que debemos "felicitarnos todos".
Además, indicó que la reclamación de esta competencia es "un símbolo de autogoberno", en lo que coincidió Palmou, quien puntualizó que la proposición conjunta aprobada es "absolutamente necesaria" ante "o fracaso da cooperación intelixente" que Quintana aplicó en la relación con el Gobierno central para conseguir más transferencias.
En todo caso, pese a los diferentes matices expresados por los grupos durante el debate parlamentario, el acuerdo es total no sólo en el texto aprobado, sino en que las nuevas competencias de tráfico y seguridad vial ayudarán a mejorar "as condicións de vida dos galegos", al servir para adaptar las distintas medidas de reducción de la siniestralidad vial a las especificidades de Galicia, desde su particular orografía, a la climatología o la dispersión de la población.
Ley orgánica
El texto aprobado es la proposición de ley orgánica para las transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, una reclamación amparada por el artículo 150.2 de la Constitución. En él se pide que el proceso se inicie "coa meirande brevidade" para que pueda completarse "no horizonte do ano 2010".
De estas nuevas competencias se encargará la Policía de Galicia, creada en 2007, y deben contar con la transferencia de los medios personales, materiales y financieros precisos por parte del Estado, que se efectivizará a través de una acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias y del correspondiente Real Decreto de traspaso de servicios.
Sin embargo, otras cuestiones seguirán en manos del Gobierno estatal, ya que se excluyen de la transferencia las competencias para expedir, revisar y cambiar los permisos de conducir, y la matriculación y expedición de las licencias de circulación, así como la autorización o baja de los vehículos.
En virtud de la proposición de ley de Galicia, si el Congreso la aprueba tal y como está, la Policía autonómica gallega se encargaría de las funciones de vigilancia del tráfico en las vías interurbanas aunque, mientras este cuerpo no complete su despliegue, la Guardia Civil seguirá ejerciendo esta función, así como la de tramitar y resolver las multas de tráfico.
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