La conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, denunció la existencia de "confusións malintencionadas" por parte de alcaldes gallegos respecto a las nuevas Normas do Hábitat Galego, tras hacer hincapié en que la aprobación de este decreto -cuya entrada en vigor se produjo el jueves- supondrá un encarecimiento "mínimo" de las viviendas porque los precios están "no límite". En declaraciones a los medios en Santiago, Táboas se refirió al recurso presentado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) contra esta normativa, aprobada por la Xunta en diciembre. Así, recordó que "catro ou cinco alcaldes" solicitaron una entrevista el pasado mes de noviembre, pese a que este organismo había sido informado del decreto en marzo de 2007, casi ocho meses antes. Sin citar nombres concretos, la titular de Vivenda acusó a algunos regidores gallegos de lanzar "ataques inéditos" en contra de la aplicación del decreto. "Hai quen o explica confundindo", lamentó Táboas, quien destacó que la norma cuenta con el apoyo "de todo o Goberno galego" y que los presuntos incrementos de precios esconden "un discurso demagóxico" de algunos promotores y constructores. En todo caso, aseguró que la Consellería de Vivenda está "aberta" a mantener "calquera reunión" con representantes del organismo municipalista, así como a recibir "calquera proposta de mellora e de traballar xuntos". "Ten que primar a sociedade", subrayó la responsable de Vivenda e Solo del Ejecutivo autonómico. No obstante, la titular de Vivenda explicó que el departamento autonómico no prevé una aplicación estricta de las Normas do Hábitat en toda la comunidad, ya que no se trata de un "documento ríxido" sino que prevé una "diferente aplicación" en función del tipo de suelo en el que se pretende actuar. Así, Teresa Táboas insistió en que el cumplimiento de las Normas do Hábitat será obligatorio "nos planeamentos non detallados" al igual que "nas bolsas de solo", mientras que será interpretable en otros terrenos, como las áreas de rehabilitación o los planeamientos ya aprobados. También reiteró que este decreto -que sustituye a otro aprobado en 1992- incluye la creación de un comité de asesoramiento, en el que se "dará resposta e se se clarexarán dúbidas" sobre la aplicación de la normativa. En este comité estarán integrados representantes de arquitectos, promotores o de la propia Administración, y tratará de evitar que sean los técnicos municipales los que "informen discrecionalmente" sobre cuestiones urbanísticas. Según avanzó Teresa Táboas, este comité empezará a funcionar "canto antes" y se convertirá "nun lugar de participación cidadá, como xa sucede noutros países da Unión Europea". "Non defenderá intereses privados", advirtió la conselleira en su intervención.