Bruselas declara ilegal el "céntimo sanitario" e insta a España a modificarlo

Las arcas del Gobierno de Galicia dejarán de ingresar 32 millones de euros si la Comisión Europea prohíbe la aplicación del denominado "céntimo sanitario", un gravámen puesto en marcha por la Xunta de Galicia durante el Gobierno de Manuel Fraga. El ex conselleiro de Economía, José Antonio Orza, fue su principal impulsor. La Comisión Europea determinó que el "céntimo sanitario" vulnera la legislación de la Unión Europea. E instó a las autoridades españolas a modificarlo y a ajustar su posible aplicación al derecho comunitario. Las leyes europeas determinan que los productos ya gravados con impuestos no pueden ser objeto de nuevos gravámenes con una determinada finalidad, en este caso sería para la financiación del sistema público de salud, que gestionan las comunidades autónomas. El tributo denominado "céntimo sanitario" aporta a las arcas de la Xunta en torno a 32 millones de euros anuales. Unos cinco millones corresponden a lo aportado, a través del tributo, por el sector del transporte por carretera, según estimaciones hechas en su día por la Consellería de Política Territorial. Los 32 millones de euros que se ingresan globalmente tienen como procedencia, además del pago indirecto del impuesto realizado por los transportistas, el correspondiente a los particulares y taxistas que repostan combustible en Galicia. Seis comunidades aplican el "céntimo sanitario". Son, además de Galicia, Cataluña, Asturias, Castilla La Mancha, Madrid y Valencia, aunque existen diferencias en su aplicación. Mientras en Galicia el importe de este impuesto es de 12 euros por cada mil litros de combustible, en otros lugares la cifra se duplica, como en el caso de Cataluña, donde se pagan 24 euros por cada mil litros. Galicia puso en marcha subvenciones para beneficiar a las empresas de transporte de mercancías y pasajeros. Y que consisten en el reembolso de la cuantía que abonan estas empresas por el "céntimo sanitario". El presupuesto para hacer frente a estas ayudas es de 10 millones de euros para 2007 y 2008. El citado impuesto, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en noviembre de 2001, entró en vigor el 1 de enero de 2002. Consta de un tramo común obligatorio y de otro autonómico voluntario. Madrid, que fue la primera que aplicó el tramo autonómico en agosto de 2002. Galicia y Asturias siguieron a Madrid el 1 de enero de 2004. Cataluña se sumó a la lista en agosto de 2004 y aplica el gravamen más elevado. Luego, también lo aplicaron Castilla La Mancha y Valencia.