La Xunta aprueba el proyecto de Lei de Residuos pese a las objeciones del CES

La Xunta aprobó el proyecto de Lei de Residuos, con la que se pretende fomentar "a reducción, a reutilización e a reciclaxe" de las basuras que se generan en la comunidad. De esta manera, Galicia tendrá un "marco único e integrador" por primera vez, ya que hasta el momento la gestión de los residuos se regía por una normativa estatal. El presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, aseguró que con esta nueva normativa el Gobierno gallego realiza "unha aposta inequívoca moi potente á favor da reciclaxe e da valorización" y está "na liña das directivas europeas máis avanzadas". Por eso, dijo que la Xunta "ten outra valoración" distinta del Consello Económico y Social (CES), que informó negativamente sobre el texto por su continuismo con respecto a la incineración. La futura ley, que ahora tiene que pasar por su tramitación parlamentaria, introduce la obligación para las empresas, de las actividades que se determinen regulamentariamente, de realizar autoanálisis ambiental cada año. Así, tendrán que optimizar sus instalaciones, aplicando técnicas de producción limpia o mecanismos de minimización de recursos. También se establee la creación de la auditoría ambiental, que implica la colaboración con las empresas para la identificación de sus propios puntos críticos en materia ambiental y la cooperación con estas para la adopción de medidas que mejoren su eficiencia a nivel ecológico. Sanciones Por la comisión de infracciones muy graves en materia de residuos, la Administración podrá imponer sanciones que van desde los 30.050 euros a los 1,2 millones, e incluso la inhabilitación para el ejercicio de cualquier actividad prevista en esta normativa por un período no inferior a un año ni superior a 10. Por las infracciones graves, las multas irán de 601 euros a 30.050 e inhabilitación por un máximo de un año, mientras que en el caso de las leves, las multas serán inferiores a los 601 euros. El régimen sancionador, también establece el principio de reparación y restauración del medio ambiente, con independencia de la multa impuesta. Además, en ningún caso la sanción que se imponga podrá resultar más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la disposición a la que se refiera, aunque esto suponga incrementar las multas máximas que prevé la ley. Las labores de inspección, vigilancia y control corresponderán a la Consellería de Medio Ambiente o al concello competente, que podrá incluir , como alternativa a la multa, la posibilidad de que el infractor realice una prestación de servicios de limpieza en la vía pública, pero sólo en el caso de infracción por abandono o vertido de residuos de consumo privado en espacios públicos. En el ámbito económico, todas las actividades de gestión de residuos urbanos y los productores deberán tener un seguro de responsabilidad civil y la prestación de fianza o garantía. La ley también recoge la exigencia de autorización administrativa para la instalación, ampliación, modificación y traslado de industrias o actividades productoras de residuos. Suelo contaminado Otras cuestiones que se recogen en el proyecto de ley, son la declaración de un suelo como contaminado, lo que obliga a su descontaminación y tendrá especial repercusión en la planificación urbanística, al no poder realizarse en ellos desarrollos urbanísticos. Finalmente, se establecen normas específicas para los residuos de establecimientos sanitarios y la desagregación del coste derivado de la correcta gestión de los residuos en los pliegos de condiciones de los contratos públicos, para regular lo que se denomina la "contratación verde". Tras la aprobación de esta ley, la Xunta tendrá que elaborar y aprobar planes de residuos, en los que figurarán desde el ámbito material, territorial y temporal, hasta la planificación de las infraestructuras necesarias para la consecución de los objetivos marcados, garantizando los principios de autosuficiencia y proximidad en la gestión de residuos generados. Los planes, que deberán contar con una programa financiero, se revisarán en los plazos previstos, que non deben superar los 10 años. Además, se abre la posibilidad de que las entidades locales elaboren sus propios planes de gestión de residuos urbanos, respetando las directrices de la Xunta.